En la semana, Carrió recibió fuertes críticas de los operadores del gobierno como fue el caso de Luis Majul, quien le pidió pruebas antes de hacer la presentación. Tiempo atrás el propio ministro de Justicia, Germán Garavano señaló que "no le constan" las acusaciones de Carrió contra el presidente de la Corte.
El proyecto que impulsará Carrió es una ampliación del pedido de juicio político que presentó el año pasado, dado que a las causales que ya había expresado agregó la del supuesto montaje de "un aparato de inteligencia" paralelo al de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La iniciativa que será presentada el lunes, a la que tuvo acceso NA, solicita promover el juicio político "por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".
"No podemos pasar por alto que el Dr. Lorezentti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos)", señaló la diputada en los fundamentos del proyecto.
También remarcó que en su presentación del año pasado ya había advertido que "alrededor del presidente de la Corte se estaba configurando una AFI paralela con la posibilidad de hacer operaciones de inteligencia contra funcionarios, dirigentes políticos, empresariales, periodistas o cualquier persona que se desee ensuciar o extorsionar".
En este sentido, recordó el traspaso del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia que dispuso el Poder Ejecutivo en 2016.
Carrió subrayó que "si bien en las formas parecía todo correcto y conforme a derecho, en el fondo se estaba construyendo un andamiaje que dejaba en manos de Ricardo Lorenzetti el verdadero manejo del área mediante la designación de sus allegados en las áreas operativas".
Allí, la diputada señaló que se designó como director de esa oficina "a Juan Tomás Rodríguez Ponte, uno de los secretarios más cercanos al juez federal Ariel Lijo y muy vinculado desde hace un tiempo al presidente de la Corte".
En el mismo sentido, subrayó que fueron nombrados "como subdirectores Alejandro Lartigau, quien se desempeñaba como Director de Seguridad de la Corte, y a Lucas Martin De Paolo".
"No parece casual que las escuchas que se filtraron entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli hayan sido ordenadas por el juzgado a cargo de Lijo", remató la líder de la Coalición Cívica.
Entre las causales de juicio político que enumera el proyecto, la diputada, mencionó el "oscuro patrimonio" en referencia a un presunto departamento no declarado en Puerto Madero y, vinculado a ello, la supuesta "usurpación al Congreso de facultades legislativas para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública".
También habla de un supuesto sistema de "canje de cheques de clubes de fútbol", una presunta "disimulada negativa a la intervención de la Auditoría General de la Nación" sobre los fondos del Poder Judicial y "sospechosos sorteos de la Justicia", entre otros ítems.
