Publicado por: Redacción
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Argentina
(13/02/19 - Gestión Macri, Producción y Consumo)-.Paolo Rocca salió con todo contra Macri por violación de la propiedad privada. Tecpetrol, la petrolera del grupo, presentó un recurso administrativo contra el Ejecutivo porque considera que Lopetegui cambió las reglas del juego en el yacimiento neuquino al recortar los subsidios al gas. Según la empresa, la medida los hace perder $5.655 millones retroactivos y unos USD1.000 millones promedio en los próximos tres años. Cisma político y judicial.
En medio de la disputa con el Gobierno por la reducción de los subsidios para la producción de gas en Vaca Muerta criticada por los sectores energéticos y tomada unilateralmente por el Ejecutivo, el empresario dueño de Techint, Paolo Rocca, decidió avanzar fuerte contra Mauricio Macri a través de una acción por la vía administrativa en la que, básicamente, acusa al Presidente de violación de la propiedad privada.
Es que, como fue ampliamente analizado y el propio Gobierno dejó correr como versión, el recorte de subsidios al gas de Vaca Muerta recientemente aplicado por Gustavo Lopetegui desde su llegada a la Secretaría de Energía fue interpretado por Rocca como una ruptura de la alianza que se había mantenido incluso ante el procesamiento y el pedido de detención originado en la causa de los cuadernos contra el poderoso empresario.
Hasta ese momento, Rocca había sido un fiel defensor del modelo de Macri, incluso cuando el país comenzó el proceso de hundimiento absoluto de todas las variables macroeconómicas en el marco de la violenta devaluación de 2018.
En este marco, el principal empresario de la Argentina eligió atacar el flanco que Macri más ostenta, que es defender los derechos del empresariado más rico: lo acusó de violar el "artículo 17 de la Constitución Nacional", es decir, aquel que regula el derecho de propiedad, con lo que lo puso en el papel de Gobierno anti-mercado.
"La sociedad ha presentado en el día de la fecha recursos jerárquicos contra las resoluciones de la Secretaria de Energía de la Nación que liquidaron las compensaciones previstas en la Resolución 46. Tales liquidaciones constituyen una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional al afectar derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conductora del estado", comunicó el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormaechea.
Se trata del inicio del reclamo administrativo para que la cartera de Hacienda, que dirige Nicolás Dujovne y que tiene a Energía bajo su órbita, reconsidere la decisión de liquidar los subsidios de acuerdo a la producción de gas estimada y no en función de la producción total, como planteaba la resolución 46/2017 de Juan José Aranguren que tampoco modificó el echado Javier Iguacel.
De esta manera, la empresa responde formalmente la carta que Lopetegui le envió a fin de año en la que le comunicó que había habido un "error de liquidación" en los pagos realizados entre abril y junio del año pasado, cuando se les había abonado por la totalidad de la producción.
La medida de Lopetegui, según la empresa, implica una pérdida retroactiva de $5.655 millones y -de acuerdo a los precios que rigen actualmente- unos USD 1.000 millones en promedio en los próximos tres años. Claramente, Rocca -ni nadie- estaría dispuesto a resignarlos en el contexto argentino.
La primera respuesta del CEO de Techint poner en duda las inversiones a futuro. Luego, anunció la suspensión de 300 trabajadores, justo cuando el diputado y sindicalista petrolero Guillermo Pereyra advirtió -ante una movilización de 20.000 petroleros- que rompería con todos los acuerdos laborales si se concretaba un solo despido.
Ahora, profundiza la confrontación con la certeza de tener todas las de ganar en materia judicial y con el respaldo del mercado, donde cayó muy mal el cambio de reglas. "Rocca tiene razón, fue el que más invirtió, arriesgó y ahora le cambian todo. No tienen palabra, si no arreglan se caen al precipicio", aseguró el analista de mercados Francisco Uriburu.
Abogados del sector energético aseguran que este recurso administrativo tiene una característica muy parecida a una presentación judicial y puede derivar en un juicio tranquilamente. Si la cuestión deriva o no en la justicia federal dependerá de la respuesta de Macri al planteo. Si cede, quedará debilitado frente al empresariado. Si no lo hace, se gana un enemigo político y económico de peso.
El principal interrogante que surge frente a este conflicto es la posición que tomará el empresario respecto al proceso electoral que se avecina, a sabiendas que su decisión puede influenciar al resto del establishment, que precisamente se encuentra muy desilusionado con la administración Cambiemos.
