Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 0:00
Sociedad
(18/09/18 - Violencia Institucional)-.“El 13 de septiembre del corriente año n la ciudad de Mar del Plata, cuando se encontraba jugando con su hermano de 12 con juguetes simulando armas, un niño de 9 años fue atacado por policías bonaerenses de la Comisaría 6° en Mar del Plata, quienes al grito de “quedate quieto ahí”, lo redujeron violentamente mientras el mayor corrió asustado.
El niño exclamó inmediatamente: “es de juguete”, les mostró los balines de plástico amarillo y la única respuesta que recibió de los policías fue golpearlo, patearlo en el piso y ahorcarlo con su remera.
El niño padece una discapacidad madurativa, tiene tan sólo 9 años y fue literalmente torturado mientras clamaba por su mamá. Los vecinos gritaban que lo soltaran y dejaran de pegarle cuando su madre salió y vio a su pequeño al borde de una crisis nerviosa, tirado en el piso y atormentado por los uniformados. (...)
La Provincia de Buenos Aires viene soportando décadas de mano dura, de políticas criminales en manos de las agencias estatales, sin que ello haya traído ningún tipo de paz social.
Todos sabemos que el complejo entramado de control que se ha ido asentando en nuestros territorios a través de las fuerzas de seguridad con sus vinculaciones con el mundo del delito organizado, la complicidad de una clase dirigente que vive a expensas de la voluntad de los más débiles y la impunidad que goza de parte del poder judicial que nunca ve donde debe ver, son las verdaderas causas de inseguridad y no los pibes y pibas que lo padecen.
Son estas las razones por las que afirmamos que lo sucedido con el niño de tan sólo 9 años que arriba describimos responde a una política de estado, independientemente de las responsabilidades que le caben a los agentes policiales interviniente y que procuraremos sean determinadas y castigadas en el correspondiente proceso judicial.
Lo que le pedimos, señora Gobernadora es que, haciendo uso de sus facultades y cumpliendo con sus responsabilidades, haga cesar y revierta la política de Estado que subyace al hecho, política que afecta gravemente a nuestros niños, niñas y adolescentes y que compromete nuestro propio futuro como comunidad”.
Carta completa de la gremial de abogados
A la Sra. Gobernadora
La ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, matrícula Nro. 888 de la IGJ, se dirige a Ud. a los efectos de manifestarle nuestra más profunda preocupación frente a los hechos que abajo denunciamos públicamente, solicitándole que, en su carácter de Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y, en particular en este caso, de autoridad de aplicación de la Ley 13.298 que regula el Sistema de Promoción y Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires ordene las medidas pertinentes, a través de los organismos competentes (Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires) que permitan restituir los derechos del niño que en esta carta se menciona y que han sido vulnerados por agentes públicos del Estado Provincial, así como también se solicita se promuevan aquellas que eviten en el futuro situaciones similares para con los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires.
El día 13 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Mar del Plata, cuando se encontraba jugando con su hermano de 12 con juguetes simulando armas, un niño de 9 años fue atacado por policías bonaerenses de la Comisaría 6° en Mar del Plata, quienes al grito de “quedate quieto ahí”, lo redujeron violentamente mientras el mayor corrió asustado.
El niño exclamó inmediatamente: “es de juguete”, les mostró los balines de plástico amarillo y la única respuesta que recibió de los policías fue golpearlo, patearlo en el piso y ahorcarlo con su remera. El niño padece una discapacidad madurativa, tiene tan sólo 9 años y fue literalmente torturado mientras clamaba por su mamá.
Los vecinos gritaban que lo soltaran y dejaran de pegarle cuando su madre salió y vio a su pequeño al borde de una crisis nerviosa, tirado en el piso y atormentado por los uniformados. Ella se los arrancó de las garras, mientras uno de los policías la interrogó “¿usted le enseña a dispararle a la Policía?”. Y luego agregó: “Yo tengo que cuidar mi vida”, burlándose de la Sra. Canela Melina Bella
Posteriormente, la Sra. Bella fue demorada junto al patrullero; para finalizar el episodio con el efectivo policial diciéndole que le agradeciera que no había sacado su arma reglamentaria.
Al día siguiente la Sra. Bella radicó la denuncia en la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Con tal denuncia, nuestra Gremial de Abogados se presenta en la Investigación Preparatoria como Parte, patrocinando a la Sra Bella. La Gremial de Abogados hará, en este caso, lo que siempre ha hecho a lo largo de su historia, en cumplimiento de las razones que motivan su existencia.
Es claro que este accionar policial no puede ser evaluado en forma individual y aislada de distintos hechos que se vienen sucediendo en la Provincia de Buenos Aires por parte de las fuerzas de seguridad para con los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.
Estamos asistiendo, como no lo veíamos hace mucho tiempo, a masivas detenciones por averiguación de antecedentes en forma arbitraria, sin otro motivo que establecer un estado de sospecha generalizado hacia la población. A esta situación cabe agregar que, en el marco de dichas razzias, se producen sistemáticamente conductas de hostigamiento y provocación hacia las personas, que en general responden a un solo patrón: pertenecer a las clases más humildes.
Como es obvio, esta situación, planteada en relación a los niños y niñas, se torna mucho más dramática. Ya hemos tenido que llorar suficientes muertes para que pretendamos seguir ciegos y sordos a los efectos que provoca el señalar con el dedo acusador desde los estamentos de poder a la infancia y la juventud de los barrios humildes como los portadores del “mal de la inseguridad”.
Vemos entonces cómo los chicos y las chicas son acosados permanentemente por las fuerzas de seguridad. También estamos asistiendo nuevamente a la derivación y detención de menores de edad en las comisarías de la provincia, práctica absolutamente ilegal que se había abandonado luego de la muerte de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) en la comisaría de Quilmes durante un motín, el 20 de octubre de 2004. En ese entonces se habían hecho numerosas presentaciones anteriores, sin embargo, como suele suceder en estos casos, devino la tragedia para demostrar la gravedad de no haber tomado las decisiones políticas necesarias oportunamente.
Lo mismo sucede con la política que se está llevando desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el sistema de responsabilidad penal juvenil al haber habilitado la presencia de personal del Servicio Penitenciario dentro de los Centros Cerrados de Responsabilidad Penal Juvenil (proceso que había comenzado en la gestión anterior) con el efecto previsible de incorporar todas las prácticas que ya padecen los adultos en las cárceles y que lejos de representar un camino que permita construir en el joven un proyecto de vida diferente, lo hunde aun más a caminos sin salida y de muerte.
Es en este contexto que en febrero de este año se produjo el asesinato de Federico Zalazar en el Centro Cerrado Virrey del Pino, en donde, a pesar de ser un Centro que depende del Organismo de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, el personal del servicio penitenciario tiene el control del establecimiento. Ese día “inexplicablemente”, se cruzaron dos pabellones que tenían conflicto entre sí y las cámaras de video se encontraban mirando al techo. Tampoco había personal alguno del Organismo de Niñez y Adolescencia junto a los jóvenes, sólo guardias del Servicio Penitenciario que miraron a través del vidrio y que, por supuesto, actuaron después que otros internos con facas de 60 cm. ingresaran para dar muerte a Federico. Y para cerrar el círculo de impunidad la Fiscalía General de San Justo, frente al pedido de la familia que se investigara los aspectos de la evidente complicidad y responsabilidad del Organismo de Niñez en el hecho ocurrido, envió la investigación a una Fiscalía común, en vez de la especializada en Violencia Institucional que correspondía, como si aún existiera duda de la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el hecho que sucedió en un lugar a su cargo.
No es ocioso recordar en este punto, Sra. Gobernadora, que los Tratados de Derechos Humanos que comprometen internacionalmente al Estado argentino en su conjunto e indistintamente, lo hacen no meramente por sus acciones sino por sus omisiones en la responsabilidad de garantizar a todos las personas sujetas a su soberanía los derechos que en los mismos se positivizan. Y situaciones como las que venimos a denunciar no sólo son repetidas, seguramente sistemáticas y de dominio público, sino que han sido oportunamente denunciadas por organismos institucionales y de la sociedad civil, razón por la cual no admiten menoscabo alguno de las responsabilidades de los funcionarios al momento de no impedirlas, arrancando de raíz las prácticas y las estructuras institucionales que las propician. Sra. Gobernadora, estas situaciones que denunciamos son sólo algunas de las que vienen sufriendo los niños, niñas y adolescentes pobres, supuestos “ciudadanos” de la Provincia de Buenos Aires de los que empapelamos las paredes con proclamas de derechos en la práctica inexistentes, situaciones que no sólo no están siendo atendidas sino que además son avaladas sea por inacción o por impunidad y que en los hechos terminan conformando una política de Estado.
Esto, sin mencionar las “cárceles a cielo abierto” que representan los asentamientos y villas donde los chicos y chicas viven y mueren de cualquier manera sin que ningún organismo estatal intervenga para su protección: gatillo fácil, causas armadas, soldaditos de la droga o la sujeción cotidiana a la violencia, sólo registradas por algún medio local en las crónicas policiales. Y por sobre todo, Sra. Gobernadora, el hecho de que gran parte de ellos y ellas tiene decretada la muerte civil que significa para cualquier adolescente vivir sin perspectiva de futuro.
La Provincia de Buenos Aires viene soportando décadas de mano dura, de políticas criminales en manos de las agencias estatales, sin que ello haya traído ningún tipo de paz social. Todos sabemos que el complejo entramado de control que se ha ido asentando en nuestros territorios a través de las fuerzas de seguridad con sus vinculaciones con el mundo del delito organizado, la complicidad de una clase dirigente que vive a expensas de la voluntad de los más débiles y la impunidad que goza de parte del poder judicial que nunca ve donde debe ver, son las verdaderas causas de inseguridad y no los pibes y pibas que lo padecen.
Por eso, es que nos dirigimos a Ud. para exigirle que cumpla con la responsabilidad que usted tiene frente a los millones de niños, niñas y jóvenes de nuestra provincia de garantizarles la vida digna que merecen.
Son estas las razones por las que afirmamos que lo sucedido con el niño de tan sólo 9 años que arriba describimos responde a una política de estado, independientemente de las responsabilidades que le caben a los agentes policiales interviniente y que procuraremos sean determinadas y castigadas en el correspondiente proceso judicial. Lo que le pedimos Sra. Gobernadora es que, haciendo uso de sus facultades y cumpliendo con sus responsabilidades, haga cesar y revierta la política de Estado que subyace al hecho, política que afecta gravemente a nuestros niños, niñas y adolescentes y que compromete nuestro propio futuro como comunidad.
Durante estas últimas cuatro décadas los niños, niñas y adolescentes han sido contemplados en una profusa normativa internacional y nacional, pero ni la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, con rango constitucional desde el año 1994 y sancionada como Ley 23.849 en septiembre de 1990, ni las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) o las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Resolución 45/113) o las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), ni la Ley Nacional 26061, ni la Ley 13.298 y cc de la legislación provincial podrán tener vida si el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decide políticas públicas contrarias a dicha legislación o las coloca en letra muerta de expedientes que lejos están de proteger la vida de nuestros chicos y chicas.
La niñez y adolescencia es el patrimonio de un futuro imposible de soslayar para nuestra sociedad, no la alfombra debajo la cual decidimos colocar nuestra incapacidad de forjar un horizonte digno para nuestro pueblo.
Es por eso, Sra. Gobernadora, que le solicitamos, le exigimos, tome intervención directa, a través de los organismos competentes, en el hecho concreto que denunciamos, así como también de la situación que damos cuenta en relación al contexto en el que ha sucedido dicho episodio.
Esperando escuche nuestra voz, saludamos a Ud.
*ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Alsina 1535, piso 6to, of. 601 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
gremialdeabogados@yahoo.com.ar*
