Se espera que en esta audiencia comiencen las primeras testimoniales de los detenidos políticos entre los que se encuentra el actual secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Carlos Goya.
Durante la primera audiencia, que se desarrolló con normalidad, se realizó la lectura de los requerimientos de elevación a juicio por parte de la Secretaría del Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Entre los oficiales del Ejército que son juzgados se encuentran el capitán (RE) Tadeo Bettoli y el teniente (RE) Luis Alberto Patetta (foto), mientras que se hará lo mismo con el sargento (RE) Gabino Manader, el comisario retirado Ramón Esteban Meza, el oficial principal retirado Francisco Rodríguez Valiente y los agentes jubilados Enzo Breard, Héctor Rubén Roldán, José Marín, Albino Luis Borda, Ángel Jorge Ibarra y Miguel Pelozo, ex miembros de la Policía del Chaco y de la Dirección de Investigaciones.
Se los acusa de cometer delitos de lesa humanidad que tuvieron como víctimas al matrimonio de Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, formoseños que militaban en las Ligas Agrarias de la zona de Goya (Corrientes) y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Ambos se encuentran desaparecidos y fueron vistos por última vez en la ex Brigada de Investigaciones a mediados del año 1977, en estado de salud precario como consecuencia de los tormentos sufridos en dicho centro
clandestino de detención.
Además se juzgará la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Graciela de la Rosa, Emilio Eduardo Saliva Carlos Erasmo Aguirre, Julio Aranda y Roberto Alcides Greca, estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, secuestrados en noviembre 1976, y también de Mauricio Berger, un pequeño productor agropecuario militante de Ligas Agrarias de Chaco.
En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del ejército y con participación del grupo de tareas de la Dirección de Investigaciones y sufrieron todo tipo de tormentos en el centro clandestino de la ex Brigada de Investigaciones.
De los 11 imputados todos fueron condenados en la primera parte de la causa Caballero y también durante el juicio por la Masacre de Margarita Belén a penas de entre 15 y 25 años.
