Se trata del inmueble que el presidente regional puso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que se le impuso por gastar dinero público en dicha consulta. Por el momento Mas podrá seguir viviendo en otro de sus inmuebles en la calle de Tuset, en Barcelona.
La orden de embargo se produce una vez vencido el plazo que el Tribunal le dio a Mas para depositar la mencionada cifra, de la que el expresidente del Govern ha entregado 2,9 millones.
El Tribunal embarga, además, una finca de la exvicepresidenta Joana Ortega, otra de la exconsejera Irene Rigau y la mitad de un inmueble de Francesc Homs.
El ex presidente de la Generalitat, en marzo de 2017, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años debido a la consulta que celebró el 9N, convocatoria declarada nula por Tribunal Constitucional de España (TC). Este Tribunal acusa a Mas y a parte de su Gobierno de usar dinero público para convocar la consulta y se estudia la responsabilidad contable de los acusados.
En su resolución, que se puede recurrir en un plazo máximo de cinco días ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, la instructora detalla que ha ordenado el embargo de las viviendas aportadas como fianza por Mas —en Barcelona—, por Homs —en Taradell (Barcelona)—, por Ortega —en Barcelona—, Vilajoana —en Barcelona— y Rigau —en Ribes de Freser (Girona)—.
En reacción a ese fallo, el también destituido presidente catalán Carles Puigdemont asegura que el independentismo se mantendrá igual o mejor pese a que los contrarios al proceso soberanista se esfuercen en encarcelar o “expoliar” sus patrimonios familiares.
