La delegación del Ejecutivo, encabezada por Humberto de la Calle, viajó anoche a la capital cubana, esta vez sin los generales retirados Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo, quienes no asistirán a este ciclo por decisión del presidente Juan Manuel Santos.
El mandatario colombiano explicó que la presencia constante de Mora y Naranjo en Cuba "no va a ser necesaria" debido a que están en Cuba el general Javier Flórez, del Ejército, acompañado de otros cuatro generales de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y un almirante, todos en servicio activo, quienes integran la llamada Subcomisión de Fin del Conflicto.
Ese grupo fue creado en agosto con representantes de ambas partes para diseñar propuestas sobre asuntos considerados delicados, entre ellos el fin de las hostilidades, la entrega de las armas y la desmovilización de la guerrilla, y tuvo su primer intercambio en los últimos días del ciclo pasado.
Se descuenta que la subcomisión -que funciona en paralelo a la mesa de negociación y no tiene poder de decisión pero sí consultiva- volverá a reunirse para adelantar sus recomendaciones.
El ciclo 34 comienza, además, con el precedente del histórico acuerdo de desminado de tierras que lograron las partes el sábado 7 de marzo, y los dos importantes anuncios para el proceso de paz realizados por Santos en la última semana, la de crear la "Comisión Asesora para la Paz", integrada por representantes de diferentes vertientes políticas, y la suspensión por un mes de los ataques a los campamentos de las FARC.
Sobre el desminado, el ministro del Postconflicto, general Naranjo, reveló hoy que dentro de seis semanas comenzarán a trabajar los equipos que el gobierno y las FARC acordaron crear para reducir la intensidad del conflicto armado, y que puntualmente buscará erradicar los explosivos sembrados en diferentes zonas de Colombia tras más de 50 años de conflicto armado.
"Esta semana en La Habana deberá producirse una reunión donde empecemos a identificar las zonas donde daremos inicio a esas tareas; es un compromiso público que, a partir de este momento, en seis semanas debería estar funcionando esa medida", dijo en entrevistas a varios medios de comunicación.
Asimismo, especificó que el desminado se produciría de manera prioritaria "en dos o tres lugares del país", que no especificó.
Para determinar las zonas en donde actuar primero, las autoridades deben recibir información de la guerrilla sobre la localización de minas antipersonales, que se espera que llegue en este ciclo de diálogos, el primero tras anunciar la medida para erradicar los explosivos.
Esos datos se unirán a los que posee el gobierno y los que han recopilado organismos internacionales para formar una "triple información" que permita "determinar las zonas prioritarias", explicó Naranjo.
El acuerdo de desminado fue logrado tras más de dos años de negociaciones y supone un reto para las autoridades, porque se desconoce el número exacto y la localización de estos artefactos, que según estimaciones oficiales están presentes en 688 de 1.123 municipios del país.
La administración de Santos y los insurgentes ya lograron acuerdos parciales en temas como tierras, participación política y drogas ilícitas, y desde agosto discuten los puntos referidos a las víctimas y su reparación.
