Pablo Noceti, abogado de genocidas de la última dictadura cívico-militar, entró al Poder Judicial a los 22 años, mientras estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires. Cumplió tareas en San Isidro, Bariloche, San Martín y Capital Federal hasta que en 1994 fue designado secretario del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Hoy revista para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su secretario del área, Eugenio Burzaco.
Según consignó este lunes el diario Página/12, Noceti se incorporó en 2001 como socio al estudio de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, miembros de la Corporación de Abogados Católicos que supo calificar a los procesos por delitos de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política”. Battaglia fue camarista a lo largo del terrorismo de Estado y defendió al dictador Leopoldo Galtieri durante el Juicio a las Juntas que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín.
En diciembre de 2003, Noceti suscribió la apelación al procesamiento del teniente coronel Fabio Carlos Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 y máximo responsable de la represión ilegal en La Pampa, a quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos.
Para el actual jefe de gabinete de Bullrich, la decisión estaba “sustentada en ligerezas e imperdonables desprolijidades” propias de “un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”.
Noceti también afirmó entonces que la ley del Congreso que declaró la nulidad de la obediencia debida y el punto final “debería avergonzar a todos los juristas serios de la República”.
Organismos de derechos humanos recuerdan, además, escritos de Noceti como abogado del coronel Néstor Omar Greppi, ex secretario general del gobierno de facto en La Pampa, y del ex policía Eduardo Angel Cruz, alias Cramer, que actuó en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Greppi fue condenado en 2010 a veinte años de prisión junto con otros ocho represores de La Pampa. Cruz está procesado pero todavía no fue juzgado gracias a que estuvo varios años prófugo.
En 2004 Noceti incursionó también en causas en Concepción del Uruguay. Junto a sus socios Battaglia-Velasco y al abogado Gerardo Ibáñez, histórico defensor de represores, plantearon los habituales recursos para dilatar los procesos, cuestionando la ley que había declarado la nulidad de las leyes de impunidad y sugiriendo que ya existía “cosa juzgada”.
