El anuncio lo hizo el magistrado de conciencia durante una reunión que sostuvo junto a representantes de diversas instituciones con jefes de bancadas en el Congreso de la República.
De León señaló que este proceso estará liderado por la PDH, la fiscal general de la República, Thelma Aldana, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rojas.
Además contará con el acompañamiento del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez; la coordinadora residente de Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julliand, y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
El procurador agregó que ellos participaron en esta actividad junto a la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz, y el representante de la Corte Suprema de Justicia, Oscar de Paz.
La discusión de las reformas judiciales se dividirá en tres grupos: el primero será la discusión de las modificaciones de la legislación ordinaria; el segundo sobre los temas que requieren reforma constitucional y el tercer grupo tratará temas sensibles como el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, explicó.
Discusión a nivel nacional
Durante su intervención, el comisionado Velásquez resaltó la importancia de convocar a todos los sectores del país para reflexionar sobre un tema que interesa a los guatemaltecos y que las instituciones internacionales tienen la voluntad de apoyar y acompañar este proceso de discusión.
“Consideramos que este es un momento trascendental para Guatemala y los guatemaltecos tienen que comprometerse porque nosotros solo estamos en papel de colaboradores, son ustedes los que definen el destino, los que definen cuál es la naturaleza y fortaleza de las instituciones que quieren tener; este es el momento preciso en la historia”, refirió el jefe de la CICIG.
Indicó que la presencia de los jefes de bloque en la reunión era una muestra de voluntad de los diputados para modernizar el sistema de justicia que requiere recursos y “reformas urgentes”, y de esta manera garantizar la independencia judicial.
