"Creo que fue un relanzamiento de la Comisión Interpoderes, que estuvo virtualmente paralizada desde hace casi dos años y en 2015 hizo una sola reunión. Era imprescindible ratificar que el proceso de memoria, verdad y justicia es política de Estado, despejando especulaciones acerca de que las causas por los crímenes de la dictadura tendrían un anclaje político partidario", dijo a Télam.
En el mismo sentido, consideró "necesario desmontar el discurso de los imputados en las causas sobre la idea de venganza, porque, como dijimos siempre, estos procesos tuvieron un solo objetivo: el reclamo de justicia, que se mantiene vigente como demanda en la medida que crece el temor de impunidad".
Encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, participaron del encuentro uno de los nuevos ministros del tribunal supremo, Horacio Rosatti; cinco jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, la procuradora general Alejandra Gils Carbó y organismos de derechos humanos.
También el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, legisladores de diversos bloques de ambas cámaras del Congreso Nacional e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros.
En la reunión tomaron la palabra representantes de organismos de derechos humanos que hicieron hincapié en todo lo que aún falta investigar, especialmente en cuanto a la responsabilidad de los grupos económicos en los crímenes de la última dictadura.
"Desde la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, esperamos que, como dijo el presidente de la Corte Suprema, tengamos una agenda con reuniones de trabajo cada quince días, con todas las agencias que históricamente formaron parte de la Comisión, para tratar los problemas que se presentan en cada una de las causas en trámite", señaló Auat.
El fiscal además exhortó a trabajar "en una estrategia que permita darle a los procesos mayor celeridad, teniendo en cuenta su complejidad, volumen y dimensión", e invitó a "aprovechar la extensa y actualizada base de datos de la totalidad de las causas con que contamos en la Procuraduría", alimentada a partir de la información que se releva de las distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Lorenzetti reafirmó en la reunión que "los juicios son una política de estado que no depende de ningún gobierno y que forman parte del contrato social de todos los argentinos", y asumió el compromiso de abordar junto con el Consejo de la Magistratura el problema de las vacancias y de empezar a trabajar junto a los representantes del Congreso Nacional una ley de subrogancias, entre los factores que demoran o traban los procesos judiciales.
