El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó esta mañana a nueve ex militares, a cuatro ex policías de Nequén y Río Negro y a dos ex policías federales, y absolvió a otros cuatro acusados al finalizar el debate oral y público en el juicio por crímenes contra la humanidad celebrado en la causa denominada "La Escuelita IV", que recibió ese nombre por uno de los emblemáticos centros clandestinos de detención del Ejército en Neuquén.
Los jueces Guido Otranto, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido dictaron la pena de prisión perpetua para el ex jefe de inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI -jefatura de la subzona militar 52-, Oscar Lorenzo Reinhold, el único de todos los acusados imputado por el homicidio de las personas desaparecidas, y fijaron penas de entre tres años de prisión en suspenso y diez años de prisión para los restantes catorce condenados.
Los centros clandestinos de detención abordados en este juicio fueron "La Escuelita", que funcionó en edificaciones ubicadas en terrenos del Comando de la VI Brigada; la comisaría 24° de Cipolletti (Río Negro); la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina; la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal en Neuquén; el Escuadrón 30 "Chos Malal" de la Gendarmería Nacional; y la Escuela de Instrucción Andina del Ejército en Bariloche. El juicio, que comenzó el 9 de diciembre pasado, incluyó los casos de 28 víctimas.
El fiscal federal Walter Romero remarcó el valor de las condenas a miembros de todo el arco represivo de la zona del Alto Valle, y se mostró confiado en lograr un agravamiento de las penas ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Los condenados son, además de Reinhold, el ex segundo comandante de la VI Brigada, Néstor Rubén Castelli, los ex jefes de Inteligencia y de Sanidad de esa unidad, Osvaldo Antonio Laurella Crippa e Hilarión de la Pas Sosa, respectivamente; el ex teniente primero de la Compañía A de la misma brigada, Gustavo Vitón; los ex capitanes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Jorge Héctor Di Pasquale y Sergio Adolfo San Martín; el ex agente civil de inteligencia, Raúl Antonio Guglielminetti; el ex policía de Neuquén José Emilio Rozar; los ex policías de Río Negro Antonio Alberto Camarelli, Miguel Ángel Quiñones y Saturnino Martínez; y los ex policías federales Jorge Alberto Soza y Miguel Ángel Cancrini.
Si bien las penas impuestas están muy alejadas de las requeridas por la Fiscalía el 27 de julio pasado, consultado por Fiscales el fiscal federal Walter Romero remarcó el valor de las condenas a miembros de todo el arco represivo -desde la jefatura militar a las comisarías- de la zona del Alto Valle, y se mostró confiado en lograr un agravamiento de las penas tras el recurso que -adelantó- presentará ante la Cámara Federal de Casación Penal.
"Es la primera vez que se dictan condenas en Neuquén por el homicidio de personas que permaencen desaparecidas, después de tres juicios previos. Desde el Ministerio Público Fiscal estamos bastante satisfechos", explicó Romero. En ese sentido, remarcó que "es un avance más en el proceso de verdad y justicia, con condenas". Y enfatizó: "El Ministerio Público Fiscal no está de acuerdo con las escalas, pero las revisaremos en los recursos de casación correspondientes".
"Es la primera vez que se dictan condenas en Neuquén por el homicidio de los desaparecidos, después de tres juicios", destacó el fiscal Romero.
El fiscal destacó el "trabajo minucioso realizado" por la Fiscalía para sostener la acusación y señaló que el tribunal absolvió a algunos acusados por la aplicación de tormentos en casos de personas secuestradas en diferentes centros clandestinos de detención en los que sí aplicó penas por privación ilegal de la libertad. "Nosotros sostuvimos que si eran partícipes de la privación ilegal de la libertad, también lo eran en los tormentos", recordó su alegato.
Además de imponer condenas, el tribunal ordenó la remisión de testimonios y constancias documentales a la fiscalía de primera instancia para que se investigue "la posible comisión de delitos de acción pública por parte de personal del Servicio Penitenciario Federal".
Antes de que el tribunal pudiera expedirse sobre sus responsabilidades, fueron apartados del juicio por razones de salud el ex jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 -Jefatura del Área 521-, Enrique Braulio Olea, el ex jefe de Personal de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Luis Alberto Farías Barrera, y el ex oficial de Inteligencia de la Gendarmería Nacional, Ramón Luis Angel Saboredo.
El juicio había comenzado el 9 de diciembre pasado. Abordó los casos de 28 víctimas del terrorismo de Estado y un circuito de seis centros clandestinos de detención.
Fuerzas, acusados, penas y absoluciones
A continuación se presenta el detalle de cada acusado, ordenado por las jerarquía que ostentaban en las fuerzas que integraban al momento de los hechos:
El ex segundo comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Néstor Rubén Castelli, fue condenado a cinco años de prisión como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada y de los tormentos agravados en un caso.
El ex jefe de Inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Oscar Lorenzo Reinhold, fue condenado a prisión perpetua en carácter de coautor en veinte hechos de privación ilegal de la libertad agravada, trece casos de aplicación de tormentos agravados y once homicidios calificados. El ex militar fue absuelto en dos casos de aplicación de tormentos agravada y en uno de abuso deshonesto y violación agravada.
El ex jefe de inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, fue condenado a 8 años de prisión por su actuación como partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada de 4 personas, en tanto que fue absuelto por el delito de aplicación de tormentos en dos casos.
El ex jefe de Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Hilarión de la Pas Sosa, fue condenado a cinco años de prisión como partícipe necesario en un caso de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada, y fue absuelto en un caso de privación ilegal de la libertad agravada y en dos de aplicación de tormentos.
El teniente primero y jefe de la Compañía A de esa repartición, Gustavo Vitón, fue condenado a seis años de prisión en carácter de partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada en cuatro oportunidades y de dos hechos aplicación de tormentos agravada, y fue abuselto en dos casos de tormentos agravados.
El ex capitán del Destacamento de Inteligencia del Ejército 182 Jorge Eduardo Molina Ezcurra, recibió 10 años de prisión como partícipe necesario en 16 hechos de la privación ilegal de la libertad agravada y en diez casos de aplicación de tormentos agravados. El acusado fue absuelto en tres casos de privación ilegal de la libertad y en uno de abuso deshonesto y violación agravada.
El ex capitán del Destacamento de Inteligencia del Ejército 182, Sergio Adolfo San Martín, fue condenado a 10 años de prisión como partícipe necesario en 16 casos de privación ilegal de la libertad agravada y en 10 hechos de aplicación de tormentos agravados. Resultó absuelto en tres de casos de aplicación de tormentos y en uno de abuso deshonesto y violación agravada.
El ex capitán del Destacamento de Inteligencia 182 Jorge Héctor Di Pasquale recibió 10 años de prisión por considerárselo partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada de 18 personas y la aplicación de tormentos en doce hechos, y fue absuelto en tres casos de tormento y uno de abuso deshonesto y violación agravada.
El agente civil de inteligencia, Raúl Antonio Guglielminetti, fue condenado a 8 años de prisión en carácter de partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada de cuatro víctimas y de tres hechos de aplicación de tormentos agravados, y fue absuelto por un caso de tormentos.
El subcomisario de la Policía de Neuquén José Emilio Rozar fue condenado a tres años de prisión en suspenso como partícipe necesario en un caso de privación ilegal de la libertad agravada y fue absuelto en un caso de aplicación de tormentos.
El comisario de la Unidad Regional II de General Roca (Río Negro), Antonio Alberto Camarelli, fue condenado a seis años de prisión por su participación necesaria en cuatro hechos de privación ilegal de la libertad agravada y en dos de tormentos agravados, y fue absuelto en dos hechos de tormentos.
El oficial de la Policía de Río Negro Miguel Ángel Quiñones fue condenado a cinco años de prisión como partícipe necesario de tres casos de privación ilegal de la libertad agravada en tres hechos y de tormentos agravados en dos, y fue absuelto por un caso de tormentos.
El policía de Río Negro Saturnino Martínez recibió cuatro años de prisión por su intervención como partícipe necesario en un caso de privación ilegal de la libertad agravada y de tormentos agravados, y fue absuelto en otros tres casos en los que se le imputaban los mismos delitos.
El subcomisario de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada en dos casos, y fue absuelto en dos casos de privación ilegal de la libertad agravada y en tres casos de aplicación de tormentos agravada.
El inspector de la Policía Federal Miguel Ángel Cancrini recibió tres años de prisión en suspenso en carácter de coautor de un hecho de privación ilegal de la libertad y fue absuelto por un caso de tormentos.
Finalmente, fueron absueltos los policías de Río Negro Gerónimo Enerio Huircaín (dos casos de privación ilegal de la libertad agravada y dos casos de tormentos agravados) y Julio Héctor Villalobo (un caso de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos), el ex subjefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº6, entonces teniente Primero Luis Sires, y el agente policial Gustavo Alberto Sommer (ambos acusados en un caso de aplicación de tormentos agravada).
