La medida judicial forma parte del juicio del Operativo Independencia que procesa a 19 miembros retirados del Ejército y de la policía acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán entre febrero de 1975 y el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, durante el gobierno de María Estela “Isabel” Martínez de Perón, lapso en el que distintos ingenios fueron utilizados como bases militares y centros clandestinos de detención.
La inspección se realizó en el establecimiento azucarero ubicado en Lules, 21 kilómetros al sur de la capital tucumana, y fue supervisada por los jueces que integran el tribunal: Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.
Miguel Martínez, uno de los testigos-víctimas declaró que cuando fue secuestrado, en 1975, los militares lo llevaron a un chalet que se encontraba dentro del ingenio, el cual fue demolido en 1984, años después de que las fuerzas militares se retiraran del pueblo.
Durante su relato recordó que le vendaron los ojos y lo ataron a las raíces de un árbol de gran tamaño que todavía se encuentra en el lugar, según pudo constatar mientras realizaba la recorrida.
Juan Abel Ruiz, un trabajador del ingenio, confirmó la existencia del chalet, donde " vivía el administrador”, según explicó, y les mostró a los jueces donde estuvo. En ese lugar aun se pueden ver rastros de sus cimientos.
El fiscal Agustín Chit (foto) opinó que la inspección “fue satisfactoria ya que los testigos-víctimas pudieron reconocer el lugar por donde ingresaban y donde los tuvieron detenidos".
"Estos relatos coinciden además con numerosos testimonios aportados a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) desde los años 80 y demuestran la veracidad de las declaraciones realizadas a lo largo del juicio dando cuenta de la participación de empresas y de sus propietarios en el terrorismo de estado”, agregó.
El 5 de febrero de 1975, la ex presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo Independencia.
La medida, puesta en marcha días después, desató en la provincia un plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado, que en un primer momento estuvo a cargo del general Adel Edgardo Vilas y luego del general Antonio Domingo Bussi.
