En este sentido, los presidentes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial socializan la imposición de una ley la cual de ser aprobada, tipificará como acto de terrorismo la protesta social.
La iniciativa de esta ley es impulsada por Orlando Hernández, de ser aprobada tanto la Policía como el Ejército podrán disparar en contra de los protestantes acusados de terroristas.
Según esta ley los manifestantes que sean capturados serán enjuiciados por los policías, el testimonio de estos últimos será la prueba contundente en el juicio.
Para que la ley sea aceptada por la población se argumenta que con la misma se combatirá el delito de extorsión practicado por las pandillas.
El Partido Nacional (PN) ha mantenido en sus siete años de Gobierno una mano dura en contra de las protestas sociales, algo que se endurecería aun más ahora de ser tildadas de terrorismo.
La ley ya fue enviada al Congreso Nacional para su discusión y posterior aprobación, los diputados que se opongan a la misma serán expuestos ante la opinión pública como cómplices del terrorismo.
