Ante el panorama de crecimiento de la resistencia, el gobierno está dando señales de perder la paciencia y comenzaron los choques entre la Policía nacional y grupos que acuden a la Plaza de la Democracia frente al Capitolio, así como las restricciones a la prensa.
Así se va acelerando la crisis de Puerto Rico, una pequeña nación isleña que domina los pasos estratégicos de Anegada y Mona en el noreste de las Antillas y está equidistante de Guantánamo y Caracas. Pero las connotaciones para toda la región de la desestabilización de Puerto Rico no son tema público en Washington, que ha confiado la misión de regir la colonia a una junta de control, que ha resultado ser punta de lanza de personas y grupos vinculados a Soros.
La figura más visible es la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, quien era de la dirección de una entidad que recibía dinero de Soros en Ucrania, donde llegó a ser ministro de finanzas durante un par de años, pero cuya carrera abortó cuando intentó convertirse en la primer ministro de ese país del este de Europa. Jaresko, una estadounidense de ascendencia ucraniana y que trabajó durante años para el Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), está tratando de repetir en la regencia de Puerto Rico un apoyo similar al que tuvo de Washington para sus políticas económicas en Ucrania, aunque sin éxito visible hasta ahora.
Pero ella no es la única figura vinculada a Soros actuando en Puerto Rico. Grupos vinculados al legendario financiero buitre están coordinando con el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, para que se apruebe una ley de control de información. De igual forma, agentes de Soros intentan penetrar el movimiento estudiantil, así como la administración de la Universidad de Puerto Rico, que ya llegó al extremo de proponerle a los estudiantes que acepten que uno de los grupos financiados por Soros forme parte de los esfuerzos para auditar la deuda pública, cosa que los huelguistas han rechazado.
El Ejecutivo y el Legislativo, convertidos en cuerpos asistentes consultivos de la Junta implantada por EEUU, proponen la conversión de Puerto Rico en un estado de EEUU como solución a la crisis y planean un plebiscito para el 11 de junio próximo. Pero contiene unas condiciones requeridas por Washington que lo que han logrado es que los soberanistas por un lado y los autonomistas por el otro hagan llamados a la huelga electoral.
Durante los casi 120 años de dominación de EEUU, se han producido tres huelgas electorales, la última de las cuales fue en 1967, cuando los independentistas boicotearon un plebiscito en el que revalidó el régimen autonomista. Esta vez, los autonomistas se plantean el retraimiento porque no se incluyó el “Estado Libre Asociado” en la papeleta, mientras que los independentistas y defensores de la libre asociación llaman al boicot porque se añadió el “territorio” –término que usa EEUU para las colonias- como una de las alternativas, a pesar de que eso ya fue rechazado mayoritariamente en el plebiscito de 2012.
Además, ambas ramas se negaron a cumplir una orden judicial para restablecer la comisión independiente para la auditoría de la deuda y lo que hicieron fue terminar por aprobar, tanto la nueva ley enmendada para el plebiscito como la de eliminar el panel auditor en una sesión celebrada en el Capitolio a puerta cerrada, con prohibición oficial de que entrara la prensa y asediados por manifestantes que chocaron tres veces con las fuerzas antimotines. Un fotoperiodista cayó blanco de una pedrada en la confrontación y la Policía nacional difundió la alegación –aunque sin presentar prueba alguna- que 21 de sus efectivos habían resultado heridos en la confrontación.
Hasta ahora, el centro de la resistencia es el sistema universitario público, donde se desarrolla una huelga sistémica que impacta los once recintos de la Universidad de Puerto Rico y el Conservatorio de Música. El gobierno fracasó en un primer intento de que los estudiantes del Recinto de Carolina se reunieran en asamblea para terminar la huelga y una maniobra de recoger votos electrónicos en repudio a la huelga en todos los recintos acumuló apenas un pequeño porcentaje de las asambleas multitudinarias que han celebrado los huelguistas, que luchan porque no se le quite a la UPR la mitad de su presupuesto ordinario, se detenga el cierre de escuelas públicas y se audite la deuda.
Las portavoces estudiantiles Itzaira González, de Humanidades, y Amelia Fernández, de Educación, opinaron que la huelga universitaria sigue creciendo porque reclaman cosas que interesan a todo el pueblo. González dijo que la huelga muestra “el compromiso del estudiantado para lo que está sucediendo en el país” y Fernández agregó que los estudiantes “dan la cara por el país” por lo que el movimiento “va a seguir creciendo”.
Sobre la “oferta” de la jefatura universitaria para transar la huelga dando entrada a un grupo de Soros, Fernandez dijo que eso nunca se les explicó, pero que de todas formas, “fue simplemente una maniobra dictatorial” por lo que no tuvo eco alguno en el estudiantado. González explicó que uno de los problemas es que la actitud del gobierno es tratar la situación como si fuera “un berrinche de estos niños”.
Poco después, frente al Capitolio, una manifestante preguntaba que se podía hacer ante la negativa del gobierno de escuchar reclamos como el de auditar la deuda pública para que el pueblo no pague la que es ilegal y una estudiante de derecho le contestó que lo que hay que hacer es “revolución, hay que sacar a esa gente de ahí”.
*Por Jesús Dávila (Alainet)
