El Gobierno de Mauricio Macri resolvió por decreto cambios en relación al sistema que se encarga de las pensiones por discapacidad. Entre otras cuestiones, propone disolver la Comisión Nacional de Pensiones, que estaba bajo la órbita de Desarrollo Social, y reemplazarla por una Agencia Nacional que ahora dependerá de la Secretaría General de Presidencia. El decreto será analizado por una comisión bicameral. Advierten sobre un cambio de paradigma que pondrá en riesgo 600 mil pensiones por invalidez.
"Hay un cambio de paradigma. Se sacó el tema del ámbito del desarrollo social y se lo pasa a presidencia. Con otra mirada ideológica, que nos retrotrae al asistencialismo. No queremos eso, queremos ser tratados como personas de derechos", describió en diálogo con APU Fernando Galarraga, miembro del área Discapacidad de ATE Capital. Y alertó: "El presupuesto es autártico y no va a alcanzar. Habilitan a conseguir recursos a través de organismos públicos y privados, y a través de actividades ligadas a la filantropía", describió.
Actualmente, se otorgan más de un millón de pensiones por incapacidad por un monto de 4920 pesos (a las madres de siete hijos, $ 7100). "Es un beneficio absolutamente mínimo, que no permite el desarrollo autónomo de la persona. No hay ninguna política pública que permita a una persona con discapacidad para que pueda acceder a un empleo", describió Gallarraga.
Este año, el Gobierno decidió suspender de modo arbitrario 170 mil beneficios. Ahora, la Justicia obligó al Ejecutivo a pagar todas las pensiones. Sin embargo, la situación podría empeorar con las modificaciones propuestas, que en otra cuestiones, incluye la obligatoriedad de un "certificado único de discapacidad (CUD)". "Se busca poner obstáculos para cumplir con un derecho. El CUD tiene enormes trabas burocráticas. La gente tarda entre 6, 8 meses o un año para tener ese certificado", agregó Galarraga.
Además, especialistas y trabajadores de la Comisión Nacional advierten que el CUD no contempla todas las patologías que hoy son tenidas en cuenta para una pensión, como HIV, chagas, lupus, entre otras. Estiman que podrían caerse 600 mil pensiones de ese modo.
Además, tanto desde el área de Discapacidad de ATE Capital como organizaciones que representan a personas con invalidez exigen que el Estado cumpla con el cupo laboral estatal que establece una ley: 4% en el ámbito nacional y 5% en la Ciudad. La norma no se cumple y además el Estado no infoma sobre el nivel de incumplimiento. "Es un cupo mínimo y ambas jurisdicciones no la cumplen. Eso hace que por un lado el Estado brinde un beneficio insuficiente y por otro lado no garantice acceso al trabajo", concluyó Galarraga.
Por Enrique de la Calle, APU
