La reunión del viernes pasado entre el Gobierno y las organizaciones sociales por el cumplimiento de la Ley de Emergencia terminó de forma abrupta y con las partes sin acuerdo. Ante la evidente situación de conflicto, esta mañana la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley denunció que "hay organizaciones que más que mostrar la pobreza vienen a generar una situación conflictiva".
La funcionaria se refería, sin nombrarlos, a las agrupaciones que anunciaron que el jueves irán a los supermercados de todo el país a pedir alimentos para suplir la falta de dinero de más de 150 mil familias que, estiman, quedaron afuera del proyecto por la negativa oficial de cumplir con lo aprobado.
Uno de los portavoces de ese reclamo es Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, quien confirmó a Perfil la medida, aunque descartó saqueos o violencia en caso de que no los supermercados no acepten ayudarlos.
¿Cómo analizan lo que dijo Stanley?
Nos están empujando al conflicto. Sería prudente bajar el tono, porque hay una decisión muy burda del Gobierno de no cumplir una ley, de no avanzar con las partidas presupuestarias establecidas.
¿Cómo es el proceso?
La ley planteaba un financiamiento y aumento de partidas en 30 mil millones a las existentes, la creación de un Consejo de Economía popular y un registro de trabajadores. A partir de allí, la construcción de un programa de salario complementario. Eso significaba la baja de la conflictividad. Pero luego vinieron con la línea desde principios de año de no implementar lo pautado y ahora vuelven con eso. Significa no destinar los fondos que la ley señalaba. Hay una parte del gobierno que lee mal el resultado electoral. Es muy parecido a CFK tras el 54%, el vamos por todo, buscan llevarnos a la conflictividad alta y decir que somos nosotros los que no cumplimos.
¿Cómo se transfiere el dinero?
Hay una mesa entre organizaciones y el Estado y se iban a realizar registros laborales de quienes trabajan de manera informal. Luego se incorpora a esa gente al salario complementario que es la mitad del salario mínimo, son 4.400 pesos.
¿Qué tareas hacen?
Proyectos productivos comunitarios. Son tareas comunitarias, talleres textiles, cooperativas de limpieza de arroyos, parques. Son 4 horas por día.
-¿Cómo se audita?
-Lo audita el ministerio de Desarrollo. Nosotros no tenemos acceso al dinero, no lo tocamos. Es una tarjeta directa donde se le abre una cuenta y se le gira del Ministerio. Los movimientos lo que hacemos es presentar un listado para que el Ministerio lo audite.
Entonces, ¿faltan ejecutar 7 mil millones este año?
Son 150 mil familias que quedan afuera. Son de todo el país. Si no lo ejecutan no está el dinero para esos trabajos. Entonces ante esta situación no tenemos formas de resolverlo. Esto no es fácil, se están moviendo mal. Estamos discutiendo situaciones de supervivencia.
¿Qué van a hacer ahora?
Hay dialogo informal con el gobierno, así que recién el jueves lanzaremos la convocatoria. Ese día vamos a recolectar alimentos como forma de donaciones y llevaremos petitorios a los supermercados.
¿Qué significa esto de lleva petitorio a un supermercado?
Llevaremos nota a gerentes para que evalúen dar donaciones a familias y comedores escolares. En caso de que no puedan hacerlo, no pasa nada. Estaremos manifestándonos en distintos puntos de la ciudad. Ellos quieren que suba la conflictividad. Nosotros vamos a evaluar para no caer en una provocación del Gobierno. La ley está y ellos la cortaron. Hasta ahora se ejecutaron 3 mil millones de pesos a diciembre del 2017. Entre junio y julio se incorporaron 100 mil trabajadores. Son 400 millones por mes.
¿Ven una situación de saqueos?
No las hay, uno lo canaliza de forma institucional. Pero si el Gobierno no lo resuelve habrá mayor conflictividad. La mentira genera bronca, los funcionarios nos vinieron a mentir en la cara. Sentimos que nos llevan a la calle para luego acusarnos.
¿Cuál es la opinión que tienen de los piquetes?
No es bueno, no expresa muchas veces el reclamo. El gobierno nos lleva a los cortes. Tienen que entender que nos llamaron a una reunión con 3 ministros (Stanley, Jorge Triaca y Mario Quintana) cuando Quintana volvió de las vacaciones y nos dijeron que no se va a ejecutar mas de lo ya ejecutado. Cortaron el financiamiento que la ley plantea, diciendo que hay otros programas que se están implementando.
