Más de 620 mil rohingyas, según cifras de la ONU, huyeron de la provincia occidental birmana de Rakhine y se refugiaron en el vecino Bangladesh desde el 25 de agosto pasado, escapando de una operación de tierra arrasada lanzada por el Ejército de Myanmar contra poblaciones de esa minoría.
El gobierno de Myanmar, la ex Birmania, asegura que la campaña respondió a una ola de ataques de insurgentes rohingyas que dejaron decenas de muertos, pero la ONU concluyó que el operativo fue parte de un "plan sistemático" con el fin premeditado de expulsar a los miembros de esa minoría islámica y, sobre todo, de impedir su retorno.
El éxodo se convirtió en una gran crisis humanitaria y desató condenas internacionales contra el gobierno de Myanmar, una nación mayoritariamente budista, encabezado por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que sigue negando que se hayan cometido abusos.
Tras semanas de discusiones, el canciller bangladesí, Mahmud Ali, y el ministro Kyaw Tint Swe, consejero de Suu Kyi, firmaron hoy un acuerdo en Naypidó, la capital birmana, para allanar el camino al regreso de los rohingyas, informaron los gobiernos de ambos países del sudeste asiático.
Sin especificar cuántos rohingyas serán admitidos, el despacho de Suu Kyi dijo en un comunicado que el acuerdo "sobre el retorno de personas desplazados de Rakhine" aplicará una fórmula establecida en un pacto firmado entre las dos naciones en 1992 luego de otro espasmo de violencia previo.
En virtud de ese acuerdo, los rogingyas fueron obligados a presentar documentos de residencia, que muy pocos de ellos poseen, para poder ser autorizados a reingresar en Myanmar.
"Vamos a continuar nuestras conversaciones bilaterales con Myanmar para que estos ciudadanos de Myanmar (los rohingyas) puedan retornar a su país", dijo el primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina.
"Llamo a Myanmar a empezar a aceptar el pronto regreso de sus ciudadanos de Bangladesh", agregó, citado por la agencia de noticias estatal de su país UNB.
En un comunicado previo, la Cancillería de Bangladesh dijo que el proceso comenzará dentro de dos meses, que "se establecerá un Grupo de Trabajo Conjunto en tres semanas desde la firma y se creará un instrumento bilateral específico para la repatriación de forma rápida", informó la agencia de noticias EFE.
Los rohingya han sido blanco de la violencia comunitaria y del sentimiento antimusulmán en Myanmar durante años.
Pese a que viven en Rakhine hace varias generaciones, el gobierno birmano despojó a la minoría de la ciudadanía en 1982, convirtiendo a sus miembros en apátridas.
Además de no poder viajar libremente, no pueden practicar su religión ni trabajar como médicos ni como docentes, y también se ha restringido severamente su acceso a los alimentos, la salud y educación.
Al acuerdo firmado hoy se llegó en el marco de una fuerte presión internacional por la situación de los refugiados rohingyas y las denuncias de la feroz violencia desatada por las fuerzas birmanas contra ellos.
Ayer, el gobierno estadounidense consideró que existe un intento de "limpieza étnica" en el país asiático, por la violencia y los abusos ejercidos contra esa minoría.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, quien visitó Myanmar la semana pasada y se reunió con Suu Kyi, afirmó que "el gobierno y las fuerzas de seguridad" del país asiático deben "respetar los derechos humanos de todas las personas dentro de sus fronteras y responsabilizar a quienes no lo hacen".
El acuerdo llega también pocos días antes de la visita que el papa Francisco hará a Myanmar y Bangladesh, en cuya agenda figura un encuentro con refugiados rohingyas.
En medio de las bienvenidas por el acuerdo, grupos de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el proceso, incluyendo dónde se reubicará a la minoría después de que se arrasaron cientos de sus aldeas, y cómo se garantizará su seguridad en un país de mayoría budista donde el sentimiento antimusulmán es creciente.
La organización Amnistía Internacional (AI) dijo dudar que pueda haber un retorno seguro o digno de los rohingyas a Myanmar "mientras sigue en pie un sistema de apartheid" y agregó esperar que quienes no quieren volver no sean obligados.
"Es completamente prematuro estar hablando de regresos cuando cientos de rohingyas continúan huyendo de la persecución y arribando a Bangladesh casi a diario", dijo un vocero de AI.
El portavoz agregó que AI también estaba preocupado por el hecho de que la ONU, y en particular su organismo para los refugiados (Acnur), "ha sido completamente marginado de este proceso. Esto no es un buen augurio para garantizar un acuerdo robusto de repatriación voluntaria que cumpla con los estándares internacionales".
El mes pasado, AI denunció que las fuerzas de seguridad de Mynamar mataron a cientos de hombres, mujeres y niños rohingyas en el marco de su "campaña sistemática" para expulsarlos del país.
En base a entrevistas con más de 120 refugiados rohingyas, AI dijo que fuerzas de seguridad birmanas que rodearon sus poblados, dispararon contra civiles que huían y prendieron fuego a casas, provocando la muerte de ancianos, enfermos y discapacitados.
En algunas aldeas, mujeres y niñas fueron violadas o sometidas a otras formas de violencia sexual, según el informe.
