Al mismo tiempo se solidariza con la organización OTRANS y solicita a las autoridades que investiguen lo sucedido y sancionen debidamente a los responsables. Además, exige el cese del hostigamiento policial sobre todo el colectivo trans, ya que este episodio no constituye un hecho aislado sino una práctica sistemática.
El sábado a la madrugada, alrededor de las 5 am, Juana de la Cruz Mory, Romina Tananta y Kimberli Peso, militantes de la organización OTRANS, sufrieron un violento ataque por parte de agentes de la policía local en La Plata en la esquina de diagonal 73 esquina 3. Según los relatos de las víctimas, repentinamente se presentaron y comenzaron a maltratarlas físicamente y con insultos misóginos y racistas. Los efectivos policiales eran todos hombres.
Este nuevo ataque se inscribe en una práctica sistemática de persecución y hostigamiento al colectivo trans por partes de agentes policiales de distintas fuerzas de seguridad, que en la ciudad de La Plata particularmente viene siendo denunciado por la organización OTRANS.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se solidariza con las víctimas de este violento hecho y acompaña los reclamos de OTRANS. Al mismo tiempo, advierte sobre la gravedad de una situación que se profundiza sin que las autoridades políticas ni los funcionarios judiciales adopten las medidas necesarias para frenarla y revertirla. Es fundamental investigar lo sucedido para poder establecer responsabilidades y sancionar a los responsables materiales y también políticos.
La violencia policial de todo tipo en contra del colectivo trans ha sido y sigue siendo de las más brutales y persistentes desde el retorno de la democracia, ya que a la conocida arbitrariedad con que suceden estas prácticas, se le suman las invisibilización mediática y una profunda estigmatización social. En este sentido, desde la CPM se han realizado varias denuncias y presentaciones judiciales por la violencia policial ejercida contra el colectivo trans.
Resulta inadmisible que aún contando con leyes nacionales de avanzada, como la que reconoce el derecho a la identidad de género, el poder político y judicial de nuestro país no actúe de manera efectiva para frenar estas prácticas vulneratorias de los derechos humanos.
La brutalidad y arbitrariedad con que actúan todas las fuerzas de seguridad en los territorios, son el emergente, a su vez, de una política criminal que en los últimos años ha profundizado aún más su orientación represiva. Como ha señalado la CPM en su reciente informe anual, esta política habilita “el control social con el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, y legitima la profundización de la militarización del espacio público”.
