A días de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, visitara la Argentina y se reuniera con el Presidente Macri, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, anunció la creación de una “Fuerza de Despliegue Rápido” (FDR) que estará bajo la órbita del ministerio y será integrada por miembros de las tres Fuerzas Armadas del país.
La creación de esta fuerza es una manera de empezar a involucrar a las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Vamos hacia un Estado gendarme, con un aumento del poder represivo y mayor violencia institucional.
El objetivo de esta nueva fuerza sería presentar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, así como proteger los recursos naturales y enfrentar “nuevas amenazas”, en las que bien podrían entrar los denominados “grupos mapuches extremistas”.
Pero la polémica se centra en que, de esta forma, el gobierno nacional buscará vincular las Fuerzas Armadas en asuntos internos, algo que la ley de Seguridad Interior delimita solo para casos excepcionales como el decreto de “estado de sitio”. Sin embargo, mediante este mecanismo, el Ejecutivo podría sortear la ley porque no serían específicamente las Fuerzas Armadas las que intervinieran, sino otras a las que se les provee “apoyo logístico”.
Más tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también hizo su parte y confirmó el arribo de la DEA (Departamento para el Control de Drogas) en el noreste argentino –precisamente en Misiones- para la instalación de un “task force” (fuerza de intervención), lo que bien podríamos llamar una base militar encubierta en un sitio estratégico: además de tratarse de la frontera con Paraguay y Brasil, en el lugar se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo, el acuífero del Guaraní.
Más allá del evidente avance del narcotráfico en la región, la creación de una nueva fuerza que estará integrada por las tres ramas militares, así como la instalación de una base comandada por fuerzas nortearmericanas, dejan al descubierto intenciones más profundas y preocupantes.
La nueva doctrina de seguridad que quiere imponer el gobierno de Mauricio Macri, comienza sutilmente a sacar los militares a las calles con el pretexto del avance del narcotráfico y de “nuevas amenazas”. Así como también la posibilidad de la instalación de bases militares extranjeros sin la autorización del Congreso Nacional.
La idea no es desequilibrada si se tiene en cuenta que en marzo pasado el gobierno gastó más de 2 mil millones de dólares en la mayor compra de armamentos desde la guerra de Malvinas, la que incluso se hizo a espaldas del poder legislativo y sin ningún anuncio oficial.
Si bien el propio ministro de Defensa, Oscar Aguad, se encargó de aclarar que las nuevas fuerzas de despliegue rápido no “se van a involucrar en el tema de seguridad (interior), porque está prohibido por ley”, el ex ministro de Defensa y actual Diputado nacional por Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, opinó lo contrario: “La creación de esta fuerza es una manera de empezar a involucrar a las Fuerzas Armadas en los asuntos internos”, advirtió para Página 12. Y agregó que así, “vamos hacia un Estado gendarme, con un aumento del poder represivo y mayor violencia institucional”.
Otras preguntas se disparan alrededor del tema, como por ejemplo, quién será el encargado de requerir la actuación de esta nueva fuerza, es decir, quién gobernará a las mismas. ¿Será el poder Judicial o el propio poder Ejecutivo?
La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda del joven mapuche, Rafael Nahuel, ha demostrado que la política represiva del gobierno nacional –con el rostro de Patricia Bullrich- tiende claramente a defender el accionar de las fuerzas y a criminalizar a los que terminan siendo las víctimas.
La protección del policía que mató a un delincuente en el barrio de la Boca –Luis Chocobar-, en un claro caso de “gatillo fácil”, también afirma la mirada que tiene el Ejecutivo en relación al uso letal de las fuerzas.
A un año de las elecciones presidenciales de 2019 y con el país como sede de la cumbre del G20, el gobierno de Cambiemos se empeña por relucir una postura implacable frente al resto del mundo.
