penitenciario argentino, como consecuencia de una violenta represión que dejó un saldo oficial de 64 muertos y que en la actualidad es investigada como un delito de lesa humanidad.
Ante el anuncio del gobierno porteño en relación con el traslado de esa unidad penitenciaria a la localidad de Marcos Paz, los querellantes de la causa radicada en el Juzgado Federal Número 2 que encabeza Daniel Rafecas pedirán que se lleven adelante en el lugar pericias para hallar restos humanos que podrían pertenecer a víctimas del hecho que aún no fueron identificadas.
Los familiares de las víctimas, sobrevivientes y abogados que lograron en 2013 la reapertura de la investigación, consideran que el magistrado debería tomar en consideración la declaración que brindó días atrás, en el expediente, el periodista y escritor Ricardo Ragendorfer, quien brindó precisiones sobre la ubicación de restos humanos en el subsuelo del penal.
“En 1991 hubo una fuga de un grupo de presos. Se escaparon a través de un túnel que construyeron desde la enfermería y que terminaba en la calle Bermúdez. En medio de la excavación, encontraron restos humanos. Al concretar el escape me contactaron para contármelo y con esa historia armé una nota que se publicó en la revista Página/30”, repasó Ragendorfer en un diálogo con Télam.
Ese relato le dio el argumento de la película “El Túnel de los Huesos”, estrenada en 2011 con la dirección de Nacho Garassino y la actuación principal de Raúl Taibo.
“En un principio, los presos que se escaparon y yo creímos que los huesos hallados en ese túnel podían pertenecer a víctimas de la represión ilegal o a presos políticos recluidos en el penal en 1978. Pero por indagaciones que hice certificamos que eso era imposible. Lo más probable es que pertenezcan a los muertos del Pabellón Séptimo.
El 14 de marzo de 1978, agentes del SPF ejercieron un brutal castigo colectivo contra los detenidos del Pabellón 7 de Villa Devoto por una supuesta falta disciplinaria que se habría producido la noche anterior. Los guardias reprimieron a tiros y en medio de las refriegas con los presos se generó un incendio en el que perecieron 64 personas; al menos, ése es el número de víctimas reconocido de forma oficial.
“Años después de haber salido vivo de ese lugar, me puse a hacer un conteo de la gente que estaba presa conmigo y que nunca más vi después de auqel día. Creo que los muertos son más de 100”, estimó en declaraciones a Télam Hugo Cardozo, ex detenido, sobreviviente de aquella masacre e impulsor de la reapertura de la causa como delito de lesa humanidad.
Junto con la abogada penalista Claudia Cesaroni, Cardozo (que al momento de los hechos tenía 19 años) inició una investigación sobre esa matanza que quedó plasmada en el libro Masacre en el Pabellón 7, publicado en 2013.
En base a ese trabajo, el colectivo legal y social que lideró Cesaroni inició un reclamo para que esos hechos se investigaran como delito de lesa humanidad.
En agosto de 2014, la Sala I de la Cámara de Apelaciones accedió a esa solicitud y resolvió que la masacre de Villa Devoto era un crimen imprescriptible, por haber sido cometido por agentes de una fuerza de Seguridad.
Al ser consultado sobre los motivos que originaron la represión, Cardozo conjeturó en su declaración que el SPF, que entonces estaba a las órdenes del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el general Guillermo Suárez Mason, intentó darles “una advertencia a las más de 900 presas” que se encontraban alojadas en esa cárcel.
Los principales acusados en la denuncia que presentó el colectivo legal encabezado por Cesaroni y Cardozo son el coronel Jorge Antonio Dotti, jefe del SPF en 1978, el prefecto Juan Carlos Ruiz, al alcaide mayor Horacio Galíndez y el subalcaide Víctor Dinamarca, también represor en el centro clandestino de detención conocido como “El Vesubio”.
