La medida judicial no sólo desconoce el legítimo reclamo de estas familias en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad sino que, además, entorpece el trabajo que se venía realizando mediante la constitución de una mesa de diálogo con representantes sociales, de la Iglesia, el Municipio y la Defensoría del Pueblo.
En la mañana del jueves, un operativo policial desproporcionado y violento, con participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Policía Bonaerense y la Policía Local, desalojó a las familias que mantenían el acampe en avenida Lamadrid entre Camino General Belgrano y arroyo Las Piedras de Bernal, frente al predio donde estuvieron asentados hasta enero pasado. Máquinas viales derribaron las casillas precarias mientras las familias salían con lo que podían recuperar y se refugiaban en casas vecinas. Mujeres, niños, niñas y adolescentes quedaron a la intemperie y dos delegados del acampe fueron detenidos, trasladados a la Comisaría 5° de La Cañada y liberados varias horas después.
La medida ordenada por al UFI N 3 de Quilmes, a cargo de Martín Conde, resulta arbitraria e injusta porque criminaliza el reclamo legítimo a una vivienda digna y porque, al mismo tiempo, desconoce el trabajo interinstitucional que se venía realizando. “El viernes se iba a firmar un acta de compromiso para el levantamiento del acampe y la adopción, por parte del Municipio, de medidas alternativas para resolver el problema habitacional de estas familias. El desalojo nos sorprendió, nos parece inoportuno y entorpece la búsqueda de una solución de fondo”, explica el padre Juan José Vasallo, vicario de la Pastoral Social de la Diócesis de Quilmes.
La Diócesis de Quilmes es una de las instituciones que conforma la mesa de diálogo constituida para buscar una solución habitacional para las más de 50 familias que, hasta enero pasado, estaban asentadas en el predio de frigorífico Penta. Tras el violento operativo del jueves, emitieron un comunicado repudiando el accionar policial e insistiendo en la necesidad de buscar una solución digna a estas familias que están, ahora sí, en una situación de desamparo y marginación.
El desalojo del acampe de la avenida Lamadrid, tres meses después del primer desalojo, significa para muchas familias pasar a situación de calle. “Hay 15 casos de emergencia habitacional total, y otras 40 familias en una situación muy precaria: reubicados en otros asentamientos o viviendo en casas de otros familiares en condiciones de hacinamiento”, sostiene el vicario de la Pastoral Social.
La mesa de diálogo integrada, además de la Diócesis de Quilmes, por la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo de la provincia, el Consejo de Asentamientos (conformado por organizaciones populares y referentes eclesiásticos, sociales y barriales) y cuatro delegados del acampe venían acordado en estos meses un plan de trabajo para dar respuesta a los casos más prioritarios. En la última reunión, el Municipio se había comprometido a alquilar habitaciones para los grupos más vulnerables. En ese escenario, la orden de desalojo resulta no sólo arbitraria e injusta sino también absurda.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), convocada por la Defensoría del Pueblo, participará este viernes de un nuevo encuentro de la mesa de diálogo para avanzar en la firma del acta de compromiso entre el municipio y las familias desalojadas. En ese sentido, desde la Diócesis de Quilmes señalaron que las medidas alternativas propuestas para paliar el problema habitacional de estas personas deben implementarse de manera urgente pero, no obstante, representan sólo una solución transitoria.
La situación de las más de 50 familias que fueron desalojadas del predio del frigorífico Penta es sólo un caso testigo: “Según datos del mismo municipio de Quilmes, hay unas 25 mil personas en situación de déficit habitacional. La situación es alarmante y hay casos de emergencia absoluta: familias numerosas, madres solteras, niños y niñas con desnutrición”, cerró el padre Juan José Vasallo.
