Según el informe presentado, entre el 1 de enero del 2016 y el 14 de mayo de 2018, un total de 385 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, la mayoría después de la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).
El documento indica que por lo general los crímenes se han cometido en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle, Córdoba Norte de Santander y Chocó, todas zonas que históricamente fueron espacios controlados por las FARC-EP.
Además, señala que pese a que en las zonas en las que fueron cometidos los asesinatos existe presencia de efectivos militares pertenecientes a los planes Horus y Victoria Plus - ambos grupos ideados con el fin de resguardar las zonas donde estuvo las FARC-EP-.
“La mayoría de los crímenes son perpetrados por sicarios con armas de fuego de largo y corto alcance, que se movilizan en vehículos y motocicletas”, indica la Indepaz.
Señalan que en muchos casos los crímenes han sido cometidos por personas que no están relacionadas con organizaciones criminales o por efectivos de la Fuerza Pública.
A finales de 2017, el Gobierno colombiano creó una comisión de alto nivel con el fin de frenar los crímenes, pero tras "investigar", ha reiterado que no existen pruebas que indiquen que se trata de un exterminio sistemático.
El Estado colombiano sostiene que la mayoría del asesinatos están relacionados con las dinámicas mafiosas de cada región.
