Representantes de distintos sindicatos y gremios de trabajadores panameños han manifestado el incremento de la persecución laboral a manos de empresarios, con el objetivo de obstaculizar sus reclamos por optimar las condiciones laborales y mejorar la calidad de vida de sus familias.
Estos trabajadores explican que sus luchas responden a reales intereses nacionales y populares, como el caso del rechazo a una presunta modificación de la Ley 6 de febrero de 1997, que regula los costos en la prestación de servicios y distribución de energía eléctrica.
Para estos sectores se hace difícil que las autoridades pongan por delante los intereses sociales sobre los empresariales, pues los Gobiernos panameños, al menos en los últimos 25 años, han estado estrechamente relacionados a estos poderes económicos.
Por ejemplo, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha propuesto un ultimátum a los obreros de la construcción en huelga para llamar a un arbitraje ante la negativa de los empresarios por acceder a sus demandas salariales.
