El presidente Juan Manuel Santos lidera la reunión de la Comisión de Garantías de Seguridad, en la que se evalúan los esquemas de protección de los líderes sociales del país.
La reunión fue convocada de urgencia por el Gobierno Nacional, ante el asesinato de decenas de defensores de derechos humanos en distintas regiones.
En este encuentro, las autoridades están presentando una radiografía de las amenazas y muertes que se han presentado en el territorio nacional.
Según los datos suministrados por la Fiscalía durante la reunión, se han presentado 67 homicidios de excombatientes de las Farc en los últimos dos años. Van 35 casos en 2018 y fueron 32 en 2017.
De esos episodios se han esclarecido 29 asesinatos. Ninguno que actualmente tenga medidas de protección, ha sido víctima.
También ha informado que en los últimos tres años han ocurrido 181 homicidios de líderes sociales, de los cuales se han esclarecido 89.
Se espera además que en el seno de la Comisión, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, presente los primeros planes piloto de protección colectiva de las comunidades, que arrancarán en los municipios de Tumaco, Guapi, San José de Ureña y El Tarra.
Al término de la reunión, el Gobierno Nacional dará a conocer las nuevas medidas que se tomarán para fortalecer la protección de los líderes.
Minuto de silencio por los líderes sociales
El presidente Juan Manuel Santos pidió un minuto de silencio en medio de la sesión especial que se adelanta de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la Casa de Nariño.
En el encuentro están presentes el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el ministro del interior, Guillermo Rivera; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, altos mandos militares y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Precisamente, esta semana durante el balance del Ministerio del Interior, el presidente Santos suscribió el Pacto de Rechazo a la Violencia en contra de Líderes Sociales.
Allí recalcó que el Estado es responsable de garantizar la protección de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos y de los colectivos, de los grupos y de las comunidades en riesgo.
“Le ratifico al país que no descansaremos hasta dar con los responsables de estos actos infames”, afirmó el Presidente.
Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aseguró este martes que solo seis líderes sociales habían solicitado protección y que de estos, cuatro la tenían.
Sin embargo, dos fueron asesinados: uno antes de que el llegara el esquema y al otro, dos días después de tenerlo.
Mora explicó en diálogo con RCN Radio que las cifras que tiene la entidad a su cargo son diferentes a las que maneja la ONU, la Defensoría del Pueblo y colectivos de derechos humanos, por lo que ellos trabajan con base en lo que les llega, y en este caso fueron solo seis.
Ante el panorama del asesinato de decenas de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Unidad Nacional de Protección aceptó que no tiene la capacidad para brindar seguridad a todos los representantes amenazados.
“No tendríamos el presupuesto para hacer censo de cada uno de los líderes en cada región”, afirmó Diego Mora, y agregó que la problemática es tan grande que muchos líderes corren peligro.
“La gran mayoría de los líderes sociales que están asesinando en los territorios hacen parte de juntas de acción comunal y consejos comunitarios y la población que compone ese tipo de organizaciones pueden ser 500 o 600 mil personas que están en riesgo en términos generales”.
Así mismo, indicó que hay varias problemáticas que no permiten que la Unidad de Protección trabaje con colombianos que en realidad necesitan el esquema de seguridad.
