Miles de manifestantes, en su mayoría educadores, trabajadores del sector salud y del Instituto Costarricense de Electricidad, caminaron por la Avenida Segunda en San José para mostrar su rechazo a la reforma tributaria.
El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, dijo a Efe que la marcha de ayer fue solo de trabajadores de la capital y que para el próximo miércoles está prevista una mayor, con participación de personas de todo el país, por lo que pidió al presidente costarricense, Carlos Alvarado, atender a los gremios.
“Ha sido una marcha maravillosa, no vamos a desistir hasta que Carlos Alvarado nos dé hora y fecha para hablar. Le dimos un proyecto con 38 reformas y no las tomó en cuenta. Le pedimos que deje de defender a los ricos de este país y piense en la clase trabajadora”, expresó Cascante.
Los grupos sindicales rechazan la reforma tributaria ya que consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, y particularmente a los trabajadores estatales, pues la iniciativa contiene reducciones de pluses salariales.
En los centros educativos se ha registrado ausentismo de educadores, pero aún no se cuantifica oficialmente la totalidad de la afectación de la huelga.
Un reporte del Ministerio de Educación, que abarca el 9 por ciento de los centros educativos, indica que el 67 por ciento de funcionarios está ausente, mientras que los grupos sindicales afirman que un 80 por ciento del total participan en la huelga.
La otra afectación importante se ha presentado en el sector salud y aunque no hay cifras oficiales precisas, los principales hospitales del país trabajan “con relativa normalidad”, dijo el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya.
El funcionario sí reconoció que ha habido afectación en las áreas de enfermería, lavandería y en algunas citas y cirugías que estaban programadas.
El presidente del país, Carlos Alvarado, afirmó en una conferencia de prensa que excluyendo el personal de educación y salud, solo el 6 por ciento de los trabajadores se sumó a la huelga.
“El movimiento no ha tenido un impacto mayor en los servicios públicos que da el Gobierno, no hay una mayoritaria afectación. Hemos intentado mantener la normalidad en la mayoría de los servicios”, destacó Alvarado.
Reiteró que el paro es “improcedente” e “ilegal”, y que las puertas del Gobierno están abiertas para el diálogo, aunque advirtió que la reforma fiscal es una prioridad para su gobierno.
Anoche en una alocución nacional, Alvarado declaró que su “Gobierno junto a los actuales diputados y diputadas estamos tomando el camino de la responsabilidad al atender un problema que se postergó por décadas”.
Un total de 13 instituciones públicas acudieron a tribunales de trabajo para solicitar que se declare ilegal la huelga.
El Gobierno tomó el control desde la noche del domingo, con policías y funcionarios, de los puertos estatales del Caribe, por donde se mueve el 85 por ciento del comercio internacional del país, así como de los planteles de distribución de combustibles de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo.
La directora de Migración, Raquel Vargas, dijo que los servicios en oficinas y en aeropuertos funcionan “a máxima capacidad” y con normalidad.
La polémica reforma fiscal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
La iniciativa tiene tasas diferenciadas del 4 por ciento para la educación y salud privadas, y del 2 por ciento para productos de la canasta básica.
Sin embargo, la comisión que estudia la iniciativa ha aplicado cambios para exonerar la educación privada y reducir al 1 por ciento el IVA para la canasta básica.
El proyecto, que busca recaudar cerca del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global e iniciativas para contener gastos.
El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB, son las dos grandes amenazas de la economía del país.
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