El juicio se realiza a instancias del TOF de San Martín –integrado por los magistrados Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral- y se ventilarán las responsabilidades por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravados, en el marco del plan sistemático del golpe de estado de 1976.
Con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio se trazaron las líneas principales sobre las que girará el debate: el 4 de febrero de 1982, cuando Ana María Martínez regresaba a su casa, fue abordada por dos personas que bajaron de un Falcon verde y por la fuerza la ingresaron al vehículo. Varios vecinos vieron la escena, y una de ellas llegó a escuchar los gritos de “auxilio”.
Fue la última vez que se la vio con vida. Una semana después su cuerpo sería hallado a orillas de un arrollo, semienterrado y con dos disparos (uno en la cabeza y otro en el tórax) realizados desde no más de 30 centímetros de distancia.
“El secuestro ocurrió alrededor de las 20:30”, comenzó relatando la cuñada de Ana María, María del Carmen Metrovich (foto), la primera testigo del juicio.
Referente de las luchas por los derechos humanos de la zona norte bonaerense e incansable rastreadora de testimonios y documentos que perfilan el caudal probatorio de la presente causa, Carmen recordó que “los vecinos llevaban más de dos semanas alertando a la policía sobre la presencia de un Falcon verde, siempre a la misma hora, frente a la casa de mi hermano y de Ana María”. Esos llamados y denuncias recibían siempre por respuesta: “Debe ser una pareja. Nada raro”.
El testimonio de María del Carmen fue meticuloso, enfático, certero. Un delicado engranaje de secuencias coherentemente reconstruidas y enlazadas durante casi cuatro décadas. Sobre su cuñada, utilizó superlativos para describirla: “Una supermilitante del PST”. A los imputados y sus defensores, no los miró una sola vez.
Desde el día del secuestro de la joven, su compañero José pasó a la clandestinidad por orden del PST, que advirtió lo que ocurriría con él si se quedaba en “superficie”. Efectivamente, también lo buscaban a José.
La testigo señaló que “mi hermano trabajaba en la planta de Ford de Pacheco. Nosotros en seguida dejamos de tener contacto con él. A los pocos días viene a la casa de mis padres –donde yo vivía- el capataz del sector en el que se desempeñaba José para avisar que no se presentara al trabajo porque el Ejército lo estaba esperando en la fábrica. Más adelante vendría directamente personal de la Comisaría 1° de Tigre pidiendo que mi hermano se entregara”.
“A esa altura, ya había sido hallado el cuerpo de Ana María y el mismo día que vinieron a buscar a José se los llevaron a mis padres a la Comisaría de Pacheco para realizar el reconocimiento del cuerpo. Les mostraron un par de fotos y pudieron identificar un anillo que ellos mismos le habían regalado. El cuerpo de mi cuñada estaba muy deteriorado”, describió Carmen, quien agregó que en todo momento los policías hablaban de “un problema de polleras” como el móvil del asesinato de Ana maría Martínez.
A partir de allí la familia comenzó un eterno peregrinar por comisarías, juzgados, organismos de derechos humanos e instituciones internacionales a fin de obtener información para el esclarecimiento del crimen.
Recibieron el acompañamiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; de los abogados del Partido Socialista de los Trabajadores; de integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, entre ellos el abogado Luis Zamora; y el caso rápidamente tuvo repercusión nacional e internacional.
Al promediar su testimonio, Carmen relató el extenso trabajo de infiltración que desde el año anterior al homicidio de Ana María habían desplegado, en conjunto, la delegación DIPPBA de San Martín y el Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército a cargo de Norberto Apa.
Se trata de un operativo ejecutado por un suboficial de la agencia de inteligencia bonaerense, Juan Pedro Peters, bajo la coordinación de la jefatura de Campo de Mayo donde también revistaba con un alto cargo el por entonces coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz.
Cabe destacar que la documentación que prueba la tarea de infiltración en la estructura gremial del PST de San Martín –en la que militaba Ana María Martínez- fue aportada a la causa por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, que preserva y administra el archivo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
En este sentido, el legajo 17949 de la Mesa DS (Delincuentes Subversivos) del archivo el suboficial Peters informa a su superioridad –Destacamento de Inteligencia 201- sobre el minucioso seguimiento de “Rosalía” –alias de Ana María Martínez- y otros compañeros suyos del PST realizado desde mediados de marzo de 1981 hacia fines de ese año.
Comenzó en una sede del banco Londres, en la cual Peters se hizo pasar por delegado gremial de los bancarios (que aquél año se organizaban para luchar frente a condiciones laborales y salariales cada vez más regresivas). El infiltrado se contactó con militantes del PST y asistió a decenas de reuniones en bares de San Martín, coordinando incluso un registro fotográfico de Ana María que hoy consta en el expediente del juicio.
“Fue gracias a la investigación conjunta que realizamos con la CPM que pudimos dar con ese legajo, y otros documentos, que prueban la articulación entre la Policía bonaerense y el Ejército para el resultado del crimen de Ana María en febrero de 1982”, dirá Carmen ante los magistrados.
También la CPM aportó a la causa otro documento que la DIPPBA confeccionó –para entregar al jefe de la Policía Bonaerense- en el que se analiza un presunto “Cambio de estrategia Efectivizada por el PST”, que se inscribe en la misma estrategia de deslegitimación y desprestigio de la militancia política perseguida.
Allí consideran que hacia fines de 1981 ingresarían al país instructores militares con el propósito de preparar a los militantes del PST: “Al respecto no se descartaría la ejecución de desarmes de las fuerzas de seguridad”.
No obstante, la agencia de inteligencia consideró que “muñirse de casas operativas, armamento adecuado, instrucción militar, conformar una organización de tipo miliciano, indiscutiblemente le demandará un largo período de reestructuración que, según la propia dirigencia trotskista, insumiría por lo menos un año de duración”.
Este legajo, como tantos otros, viene a confirmar el rol clave de las acciones de inteligencia como constitutivas de los crímenes de lesa humanidad que la justicia deberá continuar investigando.
Respecto al cierre del testimonio de Carmen Metrovich –que duró más de dos horas-, recordó a los jueces que Ana María, al momento de su secuestro, cursaba un embarazo de dos meses: “Iba a ser mi primer sobrino o sobrina; sería el primer nieto o nieta para mis padres ¿Por qué lo hicieron? Aquí traje para mostrarles, señores jueces…”, dijo con la voz entrecortada mientras sacaba una foto de su cuñada de un sobre papel madera: “Esta es Ana María Martínez. Ella merece justicia, la que durante casi 40 años le ha sido negada. No importa la edad de los imputados: deben estar presos en una cárcel común”, finalizó.
Ya cerrada la primera audiencia, la testigo que abrió el debate oral y público recibiría el saludo de las compañeras y compañeros de su cuñada y su hermano, aquellos que sobrevivieron a la persecución y que no descansaron hasta hoy en la búsqueda de justicia.
Carmen, en todo momento, tendrá dibujada una sonrisa en su temple sereno: “Siempre me pregunté cuál sería mi labor en esta vida. Hoy me reafirmo en la respuesta: luchar por la causa de Ana María. Y a partir de hoy, por todas las causas que restan juzgar. Este fue y será mi destino”.
Las caricias con los suyos, las lágrimas, el aire fresco de la tarde nublada, y finalmente la mujer que se retira sola, caminando bajo algunas gotas de lluvia con esa sonrisa serena que brota de 36 años de lucha.
ANDAR
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