El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decretó la intervención del consorcio de empresas que se encarga del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y designó a un veedor para que analice y controle las cuentas del millonario emprendimiento.
El magistrado considera que existen indicios suficientes de que se pagaron coimas a exfuncionarios argentinos por la unión transitoria de empresas (UTE) que durante años integraron las firmas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, y nombró al abogado Roberto Muguillo como veedor.
Iecsa está vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri, en particular a Ángelo Calcaterra, el primo del jefe de estado.
Martínez de Giorgi nombró a Roberto Muguillo como veedor, y será el encargado de investigar y analizar los números de la obra para intentar esclarecer la situación. El juez considera que existen indicios de coimas pagadas a exfuncionarios argentinos por la unión transitoria de empresas (UTE) que habían conformado Odebrecht, IECSA, Ghella y Comsa S.A.
Muguillo da lugar a una parte del pedido realizado por el fiscal, Franco Picardi, quien había solicitado la intervención judicial del consorcio, ante la sospecha del pago de sobornos por parte de la constructora Odebretch.
El pedido de Picardi chocó, sin embargo, con la negativa del juez, que consideró que, dados los avances de la investigación, no existiría "peligro en la demora". Es decir, que resulta innecesario adoptar esas medidas en estos momentos, cuando se está por definir la situación procesal de cada uno de los investigados, instancia en el la definirá si dicta embargos sobre cada uno de ellos y su eventual monto.
Para esto el fiscal había solicitado que se embargara a Ángelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, por 167 millones y por otros 34 millones a la empresa que la absorbió, Sacde, en tanto que pidió embargar a Comsa por 67 millones, y a Odebrecht y Ghella por 201 millones, cada una.
La justicia busca determinar si hubo pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006. Para la Fiscalía existió un "direccionamiento" para la adjudicación de las obras a esas empresas.
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