En ese escenario, el distrito bonaerense de Olavarría constituye una de las claves del caso. Además de ser cuna del Servicio Penitenciario Bonaerense ha sido, durante la dictadura militar, emblema de un sector de la burgesía empresaria nacional a partir de un nombre emblemático: Amalia Lacroze de Fortabat y la empresa cementera Loma Negra, que heredó de su difundo marido, Alfredo y que administró durante décadas junto a su mano derecha: el rígido Coronel Luis Prémoli.
El día después de conocida la sentencia, el periodista Pablo Roesler escribió en el diario digital Diagonales: "Amalia Lacroze de Fortabat murió en el justo momento en que su nombre comenzaba a repetirse en el juicio por el secuestro y asesinato en dictadura de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista representante de trabajadores de la cementera Loma Negra, empresa con la que la mujer amasó su fortuna. Dejó de existir también en el justo momento en que el máximo asesino del país, Jorge Rafael Videla, recordó el acompañamiento de los empresarios nacionales al proyecto político económico de los genocidas. Por eso con su muerte se instala la urgencia de avanzar en el análisis de las posibles complicidades civiles de la dictadura. Pero aunque quizá la muerte la haya dispensado de la instancia de la justicia, su rol durante los años de plomo será, de una u otra forma, develado por el proceso de Memoria, Verdad y Justicia".
¿Y por qué mataron a Moreno?. Por aquellos años Moreno era abogado de un grupo de trabajadores cementeros nucleados en la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA) y la mayoría de sus clientes los contaba entre los obreros de la cementera Loma Negra, que Lacroze de Fortabat vendió en 2005 a un grupo brasilero. Los hombres habían contraído una terrible enfermedad, mortal, la silicosis una intoxicación pulmonar con sílice. Morían antes de poder jubilarse por el contacto con el cemento.
“Era mucho más barato mandar a secuestrar y matar al Negro Moreno que solucionar los problemas de salud de los trabajadores de Loma Negraa", dijo al borde las lágrimas Susana Mabel Lofeudo de Moreno, viuda de Carlos Alberto Moreno en un artículo publicado en La Voz de Tandil. Durante el juicio declararon el hermano de la víctima, Héctor Alfredo, sus hijos Martín y Matías (uno de ellos es actual funcionario de la Municipalidad de La Plata) y el abogado Adolfo Rocha Campos, quién presentó junto a otros colegas de esa región bonaerense un hábeas corpus que no logró evitar el trágico final con que se encontró la vida del laboralista olavarriense.
Martín, el hijo más chico del abogado, que todavía estaba en la panza de su madre cuando mataron a Moreno, recordó lo que falta: “Ahora vamos por los empresarios de Loma Negra, que son los verdaderos responsables de la muerte de mi padre, porque eran los perjudicados de que se investigue y se exijan condiciones de trabajo dignas para sus empleados”.
En un artículo escrito en Página 12, el periodista Diego Martínez pintó una inmejorable postal de la Olavarría de los tiempos de la dictadura, cuando mataron al abogado platense Carlos Moreno.
Y al contar detalles sobre la vida de los imputados, dijo: "Tommasi era jefe de área, un burócrata orgulloso de su eficaz subordinado Pappalardo. Pappalardo “hizo historia en Tandil: varios sobrevivientes lo reconocieron en la tortura. Yo no compartía el método, dijo el militar en el juicio, con crucifijo y rosario en mano.
El cabo primero Ojeda, según testigos, persiguió a Moreno a los tiros tras la evasión e informó a Pappalardo. Los Méndez aportaron su propiedad como centro clandestino. “Alcahuetes de los militares”, los definió Matías Moreno, hijo del abogado. Emilio Méndez, que reconoció su relación con los militares, era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la Usina Popular.
“Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó el fiscal. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis”, enfermedad que sufrían los obreros, e intercedieron por despidos y aportes. Destacó el rol del juez Carlos Pagliere, que en plena dictadura “selló el destino de los imputados” al recoger pruebas, y se detuvo en los indicios de la relación de Loma Negra con los militares y “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo”.
La viuda de Moreno, en tanto, reiteró en varios tramos de su declaración el protagonismo central del por entonces Teniente del Regimiento de Ejército en Olavarría Ignacio Aníbal Verdura, vecino de la víctima, quien si bien en principio argumentó desconocer las circunstancias en las que fue secuestrado el abogado terminó facilitando la restitución del cuerpo sin vida, pero en la morgue de la ciudad de La Plata.
Lo cierto es que la mujer además aseveró que luego debieron afrontar un violento desalojo de su domicilio como consecuencia de “un operativo ordenado por Verdura", que terminó informando a la viuda cómo podría recuperar los restos de su marido. “El cuerpo lo vas a tener, pero para llevarlo a cualquier lugar menos a Olavarría", fue una de las frases que usó el militar, antes de indicarle que finalmente sería en la morgue platense, tal como narró la viuda al tribunal.
"Hay que atar cabos", insistió anoche el informante.
El apropiador de quien fuera el bebé Guido Montoya Carlotto era un destacado vecino de Olavarría. Un hombre con fuertes relaciones con el poder político y empresario de esa ciudad. Periodistas de Radio Rivadavia primiciaron señalando que el apropiador pertenecía a la Sociedad Rural de Olavarría, una de las seccionales más fuertes y emblemáticas en el mosaico de esa entidad a nivel nacional.
Después de la muerte de ese hombre, el destacado músico Ignacio "Pacho" Hurbán, decidió hacerse un ADN para conocer su verdadera identidad.