De esos expedientes, cuatro corresponden a juicios concluidos con un total de nueve condenas y tres absoluciones; otros cuatro están transitando el debate oral; dos tienen fecha de inicio del proceso para el 2015; uno se encuentra en etapa de plenario por escrito; cinco se encuentran elevadas a juicio oral a la espera de su inicio y una está a punto de alcanzar ese estadio.
En tanto, a lo largo de este año, se quintuplicó la cantidad de investigaciones preliminares que lleva adelante la Unidad, conducida por Pablo Parenti, lo que derivó en la judicialización de 89 casos, en 26 de los cuales fue requerida la obtención de muestras de ADN.
En este sentido, detalló que, fruto de esos trabajos de investigación preliminar, la Unidad judicializó durante el 2014 un total de 89 casos, en 26 de los cuales fue requerida la obtención de muestras de ADN, mientras que otros 33 se encuentran en etapa de investigación, y 13 con requerimientos de instrucción.
Además, subrayó el “significativo acortamiento de los tiempos para llegar a esa prueba crucial” que demostró la implementación del Protocolo de Actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que comprende, entre otros aspectos, que esa Unidad lleve adelante los procesos de investigación preliminar.
“El plazo correspondiente a la jurisdicción de Capital Federal tiene un promedio de 3.5 meses en la obtención de ADN de los casos en trámite, cuando en el 2013 este plazo era de 6 meses, es decir que se redujo a casi la mitad”, precisó la Unidad, que, a su vez, reveló que el tiempo promedio en todo el país registrado este año fue de menos de cuatro meses.
La Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado fue creada en el 2012 en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para, entre otros objetivos, llevar adelante investigaciones preliminares de presuntos casos de apropiación de niños, brindar colaboración a las fiscalías intervinientes y hacer el seguimiento del trámite de causas por apropiación ante la Justicia federal de todo el país.
Entre los logros alcanzados durante este año, la Unidad remarcó la instalación del Protocolo de Actuación para causas por apropiación que “comenzó a ser asumido por los fiscales y muchos jueces como una guía de acción en las causas en trámite”.
Además, destacó que “se logró un alto índice de homogeneización en la mecánica de las audiencias de toma de muestras biológicas para cotejos de ADN y la intervención de fiscales en esas audiencias”.
Durante el último año, fueron concluidas un total de 135 investigaciones preliminares, de las cuales 85 terminaron en denuncias con pedido de ADN; 24, en denuncias de casos fuera de rango o que ya tenían ADN negativo; 5, en denuncias sin pedido de ADN para su tramitación en sede judicial; y 21 fueron archivadas sin formular denuncia penal.
El trabajo planteó como uno de sus principales desafíos de cara a 2015 “la continuidad y profundización del estudio sistemático de documentación de la que puedan surgir casos que revistan elementos objetivos que permitan cuestionar la regularidad de la inscripción o adopción”.
“La cantidad de investigaciones preliminares realizadas por la Unidad a partir de información recibida de diversas fuentes se quintuplicó y muchas de ellas ya concluyeron en denuncias judiciales con expreso pedido de que se proceda a la toma de muestras para cotejo de ADN”, precisó el informe.
En otro orden, el organismo incluyó entre sus logros de este año la elaboración de “un registro único de casos esclarecidos y pendientes de resolución”, cuyo análisis -sostuvo- “permite plantear estrategias de búsqueda que no dependan de la recepción de denuncias por parte de fuentes externas”.
En tanto, entre sus desafíos, señaló el de “continuar con el aseguramiento y la obtención de una gran cantidad de documentación útil que se encuentra dispersa en todo el país, tanto en entidades públicas –generalmente provinciales– como privadas”, y sostuvo que, para eso, “se propone la sanción de una ley que específicamente establezca la prohibición de su destrucción y el deber de su conservación”.
“La Unidad se convirtió en el principal promotor de las denuncias judiciales sobre esta temática. Esto se debe al incremento de investigaciones propias y a que, en la mayoría de los casos, los organismos vinculados a la temática canalizan los posibles casos a través de nuestra Unidad”, sostuvo el organismo en el informe.
Por otro lado, si bien define como “destacable” que los jueces de las distintas jurisdicciones hayan “hecho lugar a la enorme mayoría de las presentaciones realizadas desde el Ministerio Público Fiscal”, señala como una “excepción” el caso de San Isidro donde -afirmó- “se verifica una excesiva demora judicial en la toma de muestras para el análisis de ADN”.
“Esta circunstancia se presenta tanto en las causas iniciadas a partir de denuncias de la Unidad precedidas de una investigación preliminar previa, como en casos denunciados por la CONADI, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo o personas que dudan sobre su identidad”, continuó el informe.
También, definió como “otro de los grandes avances logrados” a la “obtención de muestras biológicas para ADN de presuntas víctimas que residen en el exterior vía consular” que -sostuvo- “se realiza con mucha más celeridad que el trámite que insume encausar esta medida vía exhorto diplomático”.
“De este modo, se han efectivizado y en otros casos encaminado medidas para obtener muestra para ADN de víctimas que residen en Estados Unidos, Uruguay, Reino de los Países Bajos y Ecuador”, detalló.
