A continuación el contenido textual de la nota y las firmas del mismo que incluyen a funcionarios nacionales, concejales, consejeros escolares, concejales mandato cumplido y precandidatos a intendente.
Texto del comunicado y firmas
Asistimos en estos días a una grave situación para la República y la democracia: un sector de la justicia nacional opera como actor político opositor, en abierta distorsión de su rol y sus funciones. Y si bien no es toda la justicia la que así actúa, es un sector influyente y considerable de ésta.
Tal sector pretende ocultar su oposicionismo, presentándolo como independencia del poder político. Pero ser opositores no es ser independientes: es asociarse a sectores políticos, y operar en abierta ruptura con la equidad, el juicio ecuánime y la decisión mesurada.
Llegamos ahora al hecho insólito de un llamado de fiscales a una marcha opositora, presentada piadosamente como "neutral". Sólo que las declaraciones de personajes como Carrió participando, entre otros actores de la oposición, y la co-organización por parte de Piumato -mano derecha del sindicalista Moyano-, no dejan dudas del sentido completamente parcial y sesgado que tuvo la extraña convocatoria.
Tampoco los nombres de los que convocaron dejaron de ser elocuentes. Campagnoli ha sido figura explícita de la oposición política. Otro de los convocantes es el actual superior de Fein, quien investiga la muerte de Nisman, de modo que llamó a una marcha de presión sobre la investigación en la que él mismo deberá intervenir. Un tercero es el mismo que al hacerse cargo de una causa en la que se investiga a un empresario supuestamente cercano al gobierno, solicita su indagatoria en apenas cuarenta y ocho horas, mientras que en cinco años de trámite que lleva en otra investigación que involucra al grupo Clarín por lavado de dinero, apenas presentó dos escritos, sin requerir declaración indagatoria alguna.
Ya antes de esta marcha hemos soportado el ataque artero y permanente a la Presidenta de la República, así como al gobierno todo. La relación entre parte de la justicia y el espionaje nacional se hizo evidente a fines de 2014, tras el desplazamiento de Stiuso de la ex-SIDE, así como también de funcionarios que integraban aquél organismo y que operaban en sintonía con uno de los precandidatos a Presidente de la oposición. A los pocos días, sospechosamente, aparecieron múltiples causas judiciales contra el gobierno, algunas retomadas de épocas añejas y remotas. Ese hostigamiento judicial continúa repitiéndose hoy, reiterada y permanentemente.
Los jueces -cuyo sector más beligerante se expresa en la rancia Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional- así como los fiscales, no han sido elegidos por la ciudadanía. Gozan de privilegios que no poseen ni los legisladores, ni la Presidenta de la Nación, ni los Ministros del Poder Ejecutivo. Antes bien, sus cargos son vitalicios, bien remunerados, y no pagan impuesto a las ganancias, además de gozar de cuarenta y cinco días de vacaciones anuales.
Un claro ejemplo del extremo al que ha llegado la corporación judicial en el abuso de sus privilegios es la permanencia de Fayt, con 97 años de edad, aferrado a su cargo en la Corte Suprema, no obstante la disposición de la Constitución Nacional que lo obliga a jubilarse.
La función del poder judicial y del ministerio público fiscal no es la de hacer política, ni la de presionar a las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo; y si algunos de sus miembros pretenden dar contienda en la arena política -lo que es uno de los pilares de la democracia-, que renuncien a sus privilegios; que miren de frente a la ciudadanía; y que se sometan a la decisión soberana del pueblo, sin pretender erigirse en una suerte de “gobierno paralelo en las sombras”, amparados en el enorme poder que otorgan la inamovilidad y las facultades que poseen para administrar justicia, pero no para manipularla.
El hostigamiento judicial al Poder Ejecutivo es evidente, y la marcha de los fiscales opositores ha sido una muestra elocuente de cuánto se ha distorsionado el rol que la Constitución y las leyes asignan al poder judicial en el sistema democrático, y en cuánto este se opone al avance popular que hoy se vive en el país, así como a cualquier cambio sustantivo en su ejercicio institucional específico.
El dictamen del Juez Rafecas constituye la confirmación y evidenciación del GOLPE que intentan poner, una y otra vez, en marcha desde estos sectores, no podemos soslayar la situación similar que viven países como Venezuela y Brasil en estas horas.
No son hechos aislados sino un claro avance de la derecha corporativa sobre la Región.
En virtud de todo lo antedicho, las organizaciones abajo firmantes nos convocamos en alerta y movilización; invitamos a todos los sectores del pueblo a permanecer unidos y atentos, y manifestamos nuestro pleno apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno, hoy objeto de una monumental operación judicial/mediática de desestabilización y desprestigio.
Y convocamos, asimismo, a marchar juntos el día 1 de marzo, acompañando a la Presidenta de la Nación en la apertura de la Asamblea Legislativa, como lo hemos hecho durante estos 12 años de Gobierno.
Soslayando la coyuntura de un año electoral, dirigentes y funcionarios del FPV de Almirante Brown expresamos unánimemente la convicción que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner al frente del Movimiento al que pertenecemos no está en discusión, y desde esta convicción manifestamos nuestro incondicional apoyo a la Presidenta. Los localismos no nos impiden visualizar la avanzada antipopular y en estos momentos nos convocamos en la UNIDAD, que es mucho más que una declamación y por ella estamos trabajando, convencido que primero está la PATRIA, después el MOVIMIENTO y por último los HOMBRES.
FIRMAN: HECTOR VALLE (Director de YPF y Presidente de FIDE) -MARIANO SAN PEDRO (Dip Provincial) - DANIELA BAMBILL (Corriente Nacional de la Militancia)- MARTÍN AMEZAGA (Consejero Escolar NUEVO ENCUENTRO) - MARTÍN ARIAS DUVAL (Director Nacional de Migraciones) - FERNANDO SILVESTRE- FERNANDO SUAREZ (Ministerio de Planificación)- MARILINA RUSSO (Concejal FPV) - GERMAN BONAMEZZÓN- DIEGO IGLESIAS (La Floreria) Mónica Britez ( Concejal-Grupo San Martin) Carlos Carbajal (Concejal FPV) Daniel Wolovich (PPT) Marcelo Rinaldi (La Randazzo) y siguen las firmas de militantes territoriales…
