El dossier de AI sobre los derechos humanos en el mundo denuncia que durante 2014 Israel continuó su férreo bloqueo a Gaza (impuesto en 2007), lo que supuso “un castigo colectivo a sus 1,8 millones de habitantes” y en Cisjordania prosiguió la construcción de la valla/muro y los “asentamientos ilegales”.
La operación “Margen Protector”, que Israel declaró haber lanzado el 8 de julio contra Gaza por el aumento de los disparos de cohetes de grupos armados palestinos contra territorio israelí, “mató a más de 2.000 gazatíes, entre ellos más de 1.500 civiles, de los que unos 539 eran niños”, según el informe.
AI califica de “ataques desproporcionados e indiscriminados contra zonas civiles dénsamente pobladas”, algunas de las operaciones que efectuó durante los 50 días de ofensiva militar israelí que también ocasionó miles de heridos, 110.000 desplazados internos y “miles de viviendas” destruidas.
Dentro de esos ataques AI incluyó los realizados contra “escuelas que ofrecían refugio a civiles y contra otros edificios civiles que, según las fuerzas israelíes, Hamás usaba como centros de mando o para almacenar o disparar cohetes”.
AI documenta ocho casos de ataques a viviendas habitadas palestinas, hospitales y “trabajadores de ambulancias que intentaban socorrer a los heridos o rescatar los cadáveres”.
Las tensiones habían reavivado el conflicto en julio, tras el homicidio de al menos 15 palestinos a manos de las fuerzas israelíes desde el comienzo del año, el secuestro y el homicidio de tres adolescentes israelíes en Cisjordania, perpetrados por palestinos afiliados a Hamás, y el homicidio de un joven palestino a manos de israelíes como represalia.
A su vez, los proyectiles lanzados por los milicianos palestinos “mataron a seis civiles, entre ellos un niño, e hirieron a decenas” en Israel, recuerda AI.
En Cisjordania, el Ejército israelí mantuvo “restricciones opresivas de la libertad de circulación de la población palestina”, promovió los “asentamientos ilegales” y permitió a los colonos israelíes atacar a la población palestina “con impunidad casi absoluta”.
Arrestó a miles de palestinos, algunos de los cuales denunciaron haber sido torturados, mantuvo bajo detención administrativa sin juicio a alrededor de 500 y demolió, como medida punitiva, viviendas de familiares de palestinos que habían efectuado ataques contra israelíes.
En Israel, las autoridades encarcelaron a al menos seis objetores de conciencia israelíes por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio.
Y “siguieron negando el acceso a procedimientos justos para la determinación de la condición de refugiado a los ciudadanos eritreos y sudaneses, que representaban más del 90 % de los 47.000 africanos solicitantes de asilo en Israel.
Al concluir el año, tan solo dos eritreos y a ningún sudanés habían obtenido el estatuto de refugiado.
