El Gobierno argentino ratificó que la figura de desacato impuesta por el juez neoyorquino Thomas Griesa, resulta violatoria de la inmunidad soberana del país y es contraria a la legislación establecida en los Estados Unidos.
Lo hizo a través del escrito presentado durante la víspera ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, en la que el país argumento su posición contraria a la decisión tomada por el juez Griesa en el marco del litigio con los fondos buitre.
Además, los abogados que representan a la Argentina ante los tribunales estadounidenses, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, rechazaron en la presentación, la "moción de desestimación" realizada en el mes de febrero por los fondos buitre.
En el documento presentado por los fondos buitre el 12 de febrero pasado, buscó paralizar el proceso de apelación al sostener
que al no haber impuestas sanciones efectivas contra Argentina, la Corte de Apelaciones "carece de jurisdicción" para tratar el
caso y que por lo tanto la orden del magistrado de Nueva York no resulta apelable.
"La moción de los demandantes es un claro intento de combinar la competencia de la Corte de escuchar esta apelación, con los méritos de la apelación, y así impedir una presentación y argumentación de esta orden sin precedentes que mantuvo a la
República en desacato por el acto soberano, por excelencia, de aprobar una ley en virtud de su proceso democrático", señaló el documento firmado por el abogado Carmine Boccuzzi.
El Gobierno argentino señaló -en un comunicado difundido ayer- que la "insólita contradicción de los fondos buitre corrobora lo que Argentina siempre afirmó: que la absurda orden de desacato dictada por el juez Griesa a pedido de los fondos buitre carece de todo efecto efecto práctico y que sirve únicamente como una herramienta mediática para extorsionar a la República".
La presentación de 62 páginas hecha a última hora del jueves ante la Corte de Apelaciones, ratificó entonces que la orden de desacato emitida por Griesa a fines de septiembre de 2014 y efectiva el 3 de octubre, "fue una negación a la inmunidad soberana de la República", y aclaró que las leyes de los Estados Unidos "no otorgan a los tribunales" locales "el poder" para tomar decisiones en cuanto a "acciones soberanas de países extranjeros en sus propios territorios. Mucho menos para emitir ordenes de desacato dirigidas a tales actos soberanos", adhirió.
El texto, dijo a su vez que la renuncia de inmunidad "limitada" presente en los bonos emitidos en 1994, "no confería a la corte del distrito, claramente, el poder de ejercer jurisdicción general sobre la validez de los actos soberanos en su propio territorio".
La decisión de Griesa, "más allá de su negación indebida de inmunidad, es procesal y sustancialmente errónea", sostuvo el escrito.
Los representantes de Argentina explicaron que la orden de desacato "es inaplicable" siendo que la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, en inglés), "no provee a los tribunales estadounidenses el poder de emitir ordenes de desacato exigibles contra un estado extranjero".
Además, el fallo de Griesa del 23 de febrero de 2012 que obliga a la Argentina a pagar la totalidad de 1300 millones de dólares (más actualizaciones) en caso de cancelar deuda con los bonistas que ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, pone al país en una "situación imposible" al no poder cumplir "completamente" con esa decisión.
Esto responde a que las cifras de los reclamos que pretenden los fondos buitres, quienes además del fallo favorable otorgado en 2012 por Griesa ingresaron recientemente nuevas mociones para su consideración mientras que a su vez "alientan a otros acreedores para maximizar el número de reclamos contra la República", hacen la "imposibilidad de cumplir con los requerimientos judiciales, aún más evidente", concluyeron los abogados.
