Persistía la esclavitud, y había generaciones de familias, especialmente mujeres y niñas, retenidas en régimen de esclavitud.
Las autoridades restringieron la libertad de expresión y de reunión, y los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento e intimidación.
Información general
El presidente Aziz fue reelegido en junio para un segundo mandato de cinco años, tras obtener más del 80 por ciento de los votos. La Comisión Electoral Nacional Independiente recibió denuncias de otros cuatro candidatos que cuestionaban este resultado. En enero, el presidente Aziz también fue elegido presidente de la Unión Africana para un periodo de un año.
Tortura y otros malos tratos
Presos de toda edad, condición y género corrían peligro de tortura y otros malos tratos. Mujeres, niños y niñas, presos homosexuales, presos políticos y presos condenados por delitos comunes dijeron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad.
Aunque se usaban ante todo para obtener “confesiones” de las personas detenidas, la tortura y otros malos tratos se utilizaban también como castigo en las prisiones.
El uso de la tortura se veía facilitado por leyes que permitían que las personas detenidas estuvieran recluidas bajo custodia policial durante un periodo de hasta 45 días como sospechosas de delitos relacionados con la seguridad nacional.
Este límite se rebasaba de forma habitual. No se tomaba medida alguna cuando se presentaban denuncias de tortura ante los jueces o la policía.
Entre los métodos de tortura denunciados figuraban las palizas habituales, incluso con porras, propinar golpes en la espalda teniendo el detenido las manos y los pies esposados a la espalda, obligarlo a permanecer agachado en una postura forzada durante periodos prolongados, o colocarle una barra de hierro bajo las rodillas y colgarlo de dos barriles de agua. Los detenidos denunciaron que eran obligados a firmar bajo amenazas declaraciones que no se les permitía leer.
Esclavitud
Las causas judiciales sufrían prolongadas demoras. Entre 2010 y el final de 2014 se presentaron a la Fiscalía al menos seis casos de esclavitud, pero al terminar 2014 no se había dictado ninguna sentencia.
El gobierno adoptó en marzo una estrategia para erradicar la esclavitud. Entre sus 29 recomendaciones figuraba la modificación de la ley contra la esclavitud de 2007 para incluir otras formas de esclavitud, como la esclavitud hereditaria, la servidumbre por deudas y el matrimonio a edad temprana. La estrategia recomendaba asimismo que se incluyesen en la ley de 2007 disposiciones relativas a programas de reintegración para personas liberadas de la esclavitud e instaba a adoptar iniciativas para sensibilizar sobre el hecho de que la esclavitud era delito.
En mayo se presentó una denuncia contra una dueña de esclavos de la región de Echemin por la esclavización de una niña de 15 años, MBeirika Mint M’Bareck. La esclavista fue acusada de explotación de una menor, pero las organizaciones de derechos humanos pidieron que los cargos se cambiaran por el de esclavitud. Cuando MBeirika Mint M’Bareck fue liberada en junio, la fiscalía la acusó formalmente de zina (relaciones sexuales ilícitas), ya que estaba embarazada. El cargo se retiró más tarde. Al terminar el año, su madre y dos hermanas continuaban retenidas en régimen de esclavitud en la ciudad de Azamat, cerca de la frontera con Malí.
También en mayo, la organización antiesclavista Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista en Mauritania informó de que una mujer y sus cinco hijos estaban retenidos en régimen de esclavitud en Ould Ramy, cerca de Wembou, en el sudeste del país. Se dio traslado del caso a la policía, que interrogó a los representantes de la Iniciativa por considerar que era una organización no reconocida. Se enviaron gendarmes para investigar, pero al terminar el año no se había informado de ningún avance.
Libertad de expresión y de reunión
El derecho a la libertad de reunión y de expresión fue objeto de reiteradas restricciones.
En marzo tuvieron lugar manifestaciones en varias ciudades, entre ellas Nuakchot, Kiffa y Aioun, contra un acto de profanación del Corán realizado por hombres no identificados. En Nuakchot, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, lo que causó lesiones a numerosas personas y la muerte por asfixia de un estudiante que participaba en una manifestación.
En marzo, el gobierno cerró varias organizaciones benéficas islámicas de los sectores de la salud y la educación y precintó sus oficinas. No se ofreció explicación oficial alguna, pero el gobierno acusó a estas organizaciones de trabajar fuera de los límites de sus respectivas misiones.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas sufrieron hostigamiento e intimidación, incluidas amenazas de muerte. Las autoridades policiales y judiciales no pusieron a disposición de la justicia a los autores de estos actos.
Cheikh Ould Vall, miembro de Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista en Mauritania, fue detenido en febrero sin orden de detención. Estuvo recluido durante tres días, quedó en libertad, y fue detenido de nuevo una semana más tarde por ayudar a su madre en una causa judicial relacionada con una disputa sobre tierras, según la información recibida. En abril fue condenado a un año de prisión, con una suspensión de seis meses. Debía quedar en libertad en agosto, pero al terminar el año continuaba recluido.
En junio, Aminetou Mint el Moctar, presidenta de la Asociación de Mujeres Cabezas de Familia, fue objeto de una fetua (edicto religioso) que incluía amenazas de muerte. No se tenía conocimiento de que las autoridades hubieran tomado medida alguna para investigar estas amenazas.1 Las amenazas se formularon tras reclamar Aminetou Mint el Moctar un juicio con garantías para Cheikh Ould Mkheitir, detenido en enero por publicar un artículo presuntamente blasfemo y recluido en la prisión de Nuadibú, en el norte de Mauritania. Cheikh Ould Mkheitir estaba acusado de apostasía y podía ser condenado a muerte en caso de ser declarado culpable.
En septiembre y noviembre, al menos 10 activistas contra la esclavitud, entre ellos Biram Ould Dah Ould Abeid, presidente de Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista en Mauritania, fueron detenidos en Nuakchot y Rosso. Al terminar el año, los activistas estaban recluidos en diferentes centros de detención de todo el país y hacían frente a cargos de desorden público, entre otros.2
Desapariciones forzadas
De los 14 hombres declarados culpables de delitos relacionados con el terrorismo que fueron víctimas de desaparición forzada en 2011, uno murió bajo custodia en mayo, mientras que los otros 13 fueron trasladados a la prisión central de Nuakchot en mayo y julio.
Maarouf Ould Haiba, condenado a muerte en 2010 por el asesinato de turistas franceses y después recluido en régimen de incomunicación, murió bajo custodia en mayo en el centro de detención no oficial de Salah Eddin. Antes de su muerte lo habían trasladado a un hospital militar en varias ocasiones. Seguían sin conocerse con certeza las circunstancias de su muerte, y no se abrió ninguna investigación. Salah Eddin, situado en el norte del país, fue cerrado en julio, y los presos fueron trasladados a la prisión central de Nuakchot.
