Los secretarios generales de las cuatro representaciones gremiales dialogaron con Télam sobre su postura oficial tras el anuncio de la Presidente y, en todos los casos, se mostraron a favor y celebraron la medida.
En principio Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria (UF), aseguró que la decisión de Cristina fue "trascendental" y conducirá a "un instrumento jurídico integral de coordinación federal del transporte".
"La historia demostró que cuando el General Juan Perón nacionalizó los trenes en 1948, estableció una columna fundamental para sostener la independencia económica y dar paso a la justicia social. También evidenció cómo desde 1955 se desató una sistemática campaña contra los ferrocarriles a través del endeudamiento del Estado", afirmó el dirigente sindical.
Sasia sostuvo que esa campaña incluyó "la prédica económica liberal, la deliberada mala gestión y la persistente crítica de poderosos medios de comunicación, que trataron de indeseables a los ferroviarios para convencer sobre las privatizaciones".
El dirigente reseñó que en los '90 "los ferrocarriles finalmente fueron concesionados con lamentables resultados" y subrayó que, ahora, los trabajadores de la actividad "están colmados de orgullo por ser protagonistas de una política de Estado inevitable, si se pretende aspirar a un futuro venturoso para la Nación".
El sindicalista puntualizó que en toda la región el trazado estratégico de los ferrocariles permite "la integración de la producción y su accesible distribución en el mercado interno y, con la operación portuaria, el control con el comercio exterior".
"En lo socio-cultural es una herramienta fundamental para la vinculación de las poblaciones dispersas y el descongestionamiento de las franjas densamente pobladas, además de influir de forma decisiva en el crecimiento de la industria ferroviaria", agregó.
Sasia aseguró que esa política permitirá defender "el desarrollo y la soberanía en el marco de la unidad latinoamericana".
Por su parte, el titular del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, con algunos matices también respaldó y elogió la decisión de reestatizar la actividad, aunque sostuvo que ello debe ser acompañado por "una Ley Federal del Transporte".
"Es lo que reclamaban los trabajadores desde hacía mucho. Aplaudimos la decisión oficial, aunque será necesario que la nueva empresa no incurra en el sobredimensionamiento administrativo", puntualizó.
El dirigente gremial insistió en que esa "indispensable" Ley Federal del Transporte debe contemplar "la participación activa de trabajadores, gremios y municipios" y subrayó que el proyecto de ley debe ser acompañado por "un marco jurídico" para el sector.
Maturano explicó que ese marco jurídico debe complementar a "la totalidad de los modos técnicos alternativos del transporte" y se pronunció por definir "qué se hará con las empresas de carga".
"Es fundamental que el Estado se haga cargo de la seguridad, las vías, el señalamiento. Es decir, de la totalidad de la infraestructura y las aristas de la actividad".
También afirmó la necesidad de que la comisión de Transporte de Diputados convoque a los gremios ferrovarios al Congreso para que opinen, porque ello sería "altamente valioso".
A su vez, el titular de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) -gremio jerárquico-, Adrián Silva, calificó como "histórica" la decisión oficial de reestatización y sostuvo que la organización confrontó de forma "implacable" hace 25 años contra las privatizaciones menemistas.
"Las empresas privadas prohibían la afiliación al sindicato. Yo mismo fui despedido y reincorporado y, en el camino, quedaron muchos trabajadores. Respaldamos la decisión del gobierno porque se trata de una actividad económica estratégica", dijo Silva.
El sindicalista también sostuvo la necesidad de que ese gremio sea convocado por los legisladores para que los trabajadores expresen su opinión, ya que hay "matices que es preciso evaluar a partir de la existencia de poderosos intereses que habrá que confrontar".
"Por ejemplo, los de la aceitera General Deheza, que concesiona el Mitre para el transporte de carga, es dueña de la soja y hasta posee un puerto propio en el norte de Rosario. Administra la cadena de ese producto y su valor. La decisión presidencial no será gratuita y habrá duras posiciones para impedirla", aseguró.
Silva explicó que los productores de Tucumán, Córdoba y Santa Fe son "el fiel reflejo de cómo la aceitera Deheza impide que accedan al transporte de su producción" y agregó que "eso perjudica a las economías regionales.
Silva sostuvo que la decisión presidencial es "un homenaje a la lucha histórica de mucha gente, ferroviaria o no ferroviaria", y adelantó que sería "lógico" que los dirigentes opositores la respaldasen, ya que "muchos rechazaron las privatizaciones".
"Esa política provocó la desaparición de pueblos enteros en la Patagonia y en el norte del país. Por ejemplo, el agua se transportaba por tren a muchas ciudadades santiagueñas. La oposición debería recordarlo. Pero es un año electoral", concluyó.
Por último, el jefe de la Asociación de Señaleros de Ferrocarriles Argentinos (ASFA), Enrique Maigua, coincidió con el proyecto y sostuvo que es "un viejo anhelo", aunque adelantó que "será engorroso implementarlo si no se define de forma previa qué será de la gente que en la actualidad cumple tareas en las empresas".
"La ASFA no tendrá problemas en ese sentido porque se encarga de tareas operativas. El problema serán los administrativos", dijo.
Maigua también respaldó la sanción de una Ley Federal del Transporte y señaló que es "trascendental" la decisión de reestatizar, a la vez que criticó al sector privado por haberse manejado siempre "con el exclusivo fin del dinero, no invertir nada y encarcer los servicios respecto de los estatales".
Fuente: Agencia Telam
