Así lo informó en declaraciones a Télam Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del CECIM de La Plata y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes.
Fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien, en su discurso del pasado domingo ante la Asamblea Legislativa, impulsó a los ex combatientes para que recurran a la CIDH, tras la negativa del máximo tribunal de justicia argentino, que clausuró la causa en un fallo del pasado 19 de febrero.
"Vayan y reclamen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo Cristina en en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y agregó que se sentía "muy sensibilizada" por ese reclamo.
Recordó además que siendo senadora impulsó la pensión que hoy reciben los ex combatientes de Malvinas, y consideró que en la CIDH "seguramente" escucharán su reclamo.
"Con sus dichos, la Presidenta reafirma su compromiso de siempre con la defensa de los derechos humanos y con la causa Malvinas", destacó Alonso, para quien el fallo de la Corte representa un "verdadero escándalo procesal".
En nombre de los veteranos, Alonso señaló que sienten un "gran apoyo" de la mandataria, ya que es "el propio Poder Ejecutivo quien nos invita a que vayamos a litigar a una instancia internacional porque la justicia argentina no está a la altura del reclamo de lo que piden los ex combatientes".
En ese marco, en el CECIM de La Plata ya están trabajando en la presentación que, según estimaron, se realizará en el "menor tiempo posible" dentro de los 6 meses de plazo con que cuentan, desde el 19 de febrero en que se emitió el fallo de la Corte.
Además de las palabras de la Presidenta en el Congreso, los ex combatientes vienen sumando adhesiones y apoyos a su reclamo desde diversos sectores, como el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, bajo el auspicio de la Unesco, cuyo presidente es el ex juez Baltasar Garzón.
También se expresaron a favor del reclamo de los ex combatientes el ministro de Defensa, Agustín Rossi; y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; así como la titular de Justicia Legítima, Laura Garrigós de Rébori, la CTA de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria y la agrupacion Hijos.
En tanto, en varias legislaturas provinciales se están motorizando proyectos de declaración para repudiar el fallo de la Corte Suprema que clausuró la investigación sobre torturas en Malvinas.
