La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que "pronto" su gobierno daría a conocer su "respuesta" y más tarde llamó a consulta al encargado de negocios de la embajada venezolana en Washington, Maximilen Arveláiz.
Obama "emitió una nueva orden ejecutiva (decreto) declarando una emergencia nacional por la inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y política externa de Estados Unidos que representa la situación en Venezuela", afirmó un comunicado divulgado esta mañana por la Casa Blanca.
Las sanciones contenidas en el decreto se amparan en la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que Obama promulgó el 18 de diciembre pasado, "e incluso van más allá de los requerimientos de esta norma", indicó la nota.
Entre los funcionarios venezolanos sancionados por el decreto figuran el comandante de Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB, fuerzas armadas), general Antonio Benavides Torres; el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general Gustavo González López, y el presidente de la empresa estatal Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante general de la Guardia Nacional (policía militar), general Justo Noguera Pietri.
También el director de la Policía Nacional, general Manuel Pérez Urdaneta; el jefe de la 31ra. Brigada Blindada del Ejército, general Manuel Bernal Martínez; el inspector general de la FANB, general Miguel Vivas Landino, y la fiscal federal Katherine Haringthton Padron, la única civil de la lista.
Para cada uno de ellos, el decreto contiene un párrafo con fundamentos, basados en la supuesta actuación de los seis militares en la represión de protestas contra el gobierno ocurridas el año pasado, mientras a la fiscal se le imputa haber "acusado a varios miembros de la oposición", entre ellos la ex diputada María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, preso desde el 19 de febrero pasado.
El decreto dispuso el bloqueo o congelamiento de los activos que los siete funcionarios venezolanos tengan eventualmente en Estados Unidos, les impide la entrada al país y les prohíbe a sus ciudadanos hacer negocios con ellos.
"Estamos comprometidos a promover el respeto por los derechos humanos, salvaguardar las instituciones democráticas y proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos provenientes de la corrupción pública en Venezuela", sostuvo el comunicado, que advirtió que el decreto "no apunta a la gente o a la economía de Venezuela".
En este último sentido, un alto funcionario del Departamento del Tesoro (ministerio de finanzas) aclaró que "no hay un efecto directo de estas sanciones" sobre "el sector de energía o la industria petrolera", según citaron medios estadounidenses y venezolanos.
"No hay ni un impacto adicional ni una sanción adicional sobre ninguna industria, persona o entidad más allá de las siete personas específicamente nombradas en el decreto o las que sean nombradas por el Departamento del Tesoro en el futuro", agregó la fuente.
Pese a la tensa relación bilateral que mantienen desde el acceso al gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, en 1999, Venezuela no dejó de vender petróleo crudo a Estados Unidos -donde tiene, además, una refinadora y una cadena de estaciones de servicio- ni de comprarle combustible, sobre todo a partir de la explosión ocurrida en su principal refinería, Amuay, en agosto de 2012.
Hasta esta noche, Venezuela solo había reaccionado a la declaración de Obama con el llamado a consulta a Arveláiz, quien está a cargo de la representación diplomática venezolana en Estados Unidos desde que ambos países se retiraron los embajadores, en 2010.
"Nosotros no queremos mezclar las políticas internacionales y pronto daremos a conocer la respuesta de Venezuela sobre el alcance de estas declaraciones", dijo Rodríguez, quien daba una conferencia de prensa sobre otro tema cuando la decisión de Obama se conoció en Caracas.
Horas después, la canciller informó el llamado al jefe de su representación diplomática mediante un mensaje en su cuenta de Twitter: "Hemos llamado a consulta de inmediato a Maximilien Arveláiz, encargado de negocios en Estados Unidos", escribió Rodríguez.
La tensión entre Caracas y Washington se agravó a partir del 12 de febrero pasado, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un supuesto complot para derrocarlo, del que responsabilizó a opositores y militares venezolanos, políticos y paramilitares colombianos, y al gobierno de Estados Unidos.
