La intervención del organismo se produjo ante la cantidad de reclamos de los usuarios que llegaron a la Defensoría al verse afectados por el cobro automático y sin consentimiento de dos abonos de 30 pesos cuando se les terminó el crédito previsto en sus planes.
El organismo bonaerense estima que Movistar viola el derecho constitucional a la información, por lo que le exige a la empresa que provea al consumidor en forma cierta, clara y detallada todos los datos relacionados con las características esenciales de los bienes y servicios que suministra, según se informó.
Además, la resolución de la Defensoría le solicita a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que intervenga y, en caso de constatar esta situación, que le aplique a Movistar las sanciones previstas en la normativa que regula el accionar de estos tipos de proveedores.
En ese sentido, el secretario general a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, destacó que “no es correcto incorporar esta recarga automática porque provoca un gasto extra a los usuarios sin que ellos lo sepan, y los obliga a realizar un trámite para evitar el cobro”.
La Defensoría entiende que este cambio de plan y el reembolso compulsivo de un servicio no solicitado es una práctica abusiva e ilegal que viola el derecho constitucional al trato digno y equitativo.
A su vez, las quejas tuvieron que ver con las trabas que antepone Movistar a la hora de dar de baja este mecanismo, que por otro lado cuenta con un vencimiento reducido, por lo que los usuarios también pagaban por un servicio que ni siquiera podían usar.
Entre otros reclamos que atendió la Defensoría y por la cual le exigió respuestas a la empresa están los cambios en los abonos que modifican las condiciones contratadas, sin previa notificación, como por ejemplo con el sistema de internet ilimitado, que en realidad caduca y genera una tarifa diaria.
También se puso la atención sobre los cobros automáticos del servicio de conversión de los mensajes de voz a texto, que antes se ofrecían en forma gratuita y hoy existen quejas de clientes que encontraron en sus facturas un incremento por este ítem que nunca contrataron.
En líneas generales, la intervención de la Defensoría apunta a los cobros compulsivos de servicios no solicitados, por los cuales los consumidores nunca consintieron su incorporación, que en la mayoría de los casos nunca fueron utilizados y generan gastos extras para darlos de baja.
