El senador Juan Carlos Romero no gana para disgustos. Dos días después de su caída en las elecciones frente al gobernador Juan Manuel Urtubey, el juez de garantías N° 4, Diego Rodríguez Pipino, pidió su desafuero al Senado de la Nación.
El magistrado hizo lugar a lo solicitado por la titular de la Unidad Fiscal especial, Mónica Poma, que lo investiga por el delito de enriquecimiento ilícito.
La fiscal había presentado su pedido ante el juez a mediados del mes pasado. En su escrito, Poma había advertido que “el incumplimiento injustificado a la obligación de comparecer por parte de Juan Carlos Romero, obstruyendo el avance de la causa seguida en su contra, constituye una constante que puede observarse sin mayor esfuerzo en estas actuaciones, como en otras causas también seguidas en su contra”, actitud que había calificado como “inconducta procesal”.
Pese a que fue citado en reiteradas ocasiones, Romero interpuso hasta el momento diversos recursos para evitar presentarse ante la fiscal, que advirtió que el ex gobernador debía recibir “un trato procesal idéntico al que todo ciudadano ante un proceso penal debe cumplir”, en lo que respecta a la obligación de “comparecer a las citaciones de la justicia”.
Frente a esta situación, la titular de la Fiscalía solicitó el desafuero ante Rodríguez Pipino, que remarcó “la actitud evasiva” de Romerom rechazó los planteos de nulidad e inconstitucionalidad planteados por la defensa y dispuso conducir “por la fuerza pública, previo desafuero” al ex gobernador ante la Justicia. El magistrado libró el requerimiento al Senado. El tema recaerá en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Además, el juez efectuó “un llamado de atención” al abogado defensor de Romero, Pedro Guillen, y lo instó a “a que observe el estricto cumplimiento en su actuación profesional”.
La fiscal había considerado que, según su investigación, “mediante personas interpuestas para disimularlo”, Romero habría obtenido “un incremento patrimonial apreciable, posterior a la asunción de su cargo como Gobernador de la Provincia, el que aparece como considerable e injustificado” que resulta “imposible de justificar razonablemente”. Entre el patrimonio señalado se incluye la vivienda en la que vive, que tiene una superficie cubierta de 2.102,01 metros cuadrados, además de la utilización de dos aeronaves, un avión Lear Jet LV-BOU y un helicóptero LVYRC.
La defensa de Romero había denunciado que el gobierno de Urtubey montó “una estructura judicial para perseguirlo”.
