Un documento del CDP, al cual tuvo acceso Prensa Latina, planteó la necesidad de que los efectivos militares vuelvan a los cuarteles pues se está tergiversando el rol de las fuerzas armadas, fundamentalmente la defensa de la soberanía nacional.
La militarización busca tener un efecto de amedrentamiento con un despliegue armamentístico en regiones que carecen de los servicios públicos más básicos, entre ellos agua, caminos y escuelas, subrayó.
La agrupación, integrada por más de 30 organizaciones políticas, campesinas y sociales, recordó la llegada permanente de denuncias y noticias alarmantes sobre la infiltración de la narcopolítica en las instituciones del Estado e incluso en los más altos cargos de la República.
Si eso es así, permitirle al gobierno manejar una militarización arbitraria con presupuesto varias veces multimillonario es abrir las puertas al fortalecimiento de un poder militar obediente a los narcoganaderos y latifundistas, señaló.
Puntualizó que el peor enemigo de una verdadera democracia es el terror y si no se deroga la ley de militarización corremos el riesgo de quedar atrapados en el terrorismo de Estado, concluyó.
