El pasado mes de junio, una enmienda aprobada por el Congreso norteamericano permitió extender 6 meses más el polémico programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que estaba a punto de expirar.
Creo que el fallo de la corte es consistente con lo que la Administración (del presidente) ha dicho durante algún tiempo y es que esas capacidades eran constitucionales", afirma el portavoz presidencial de EE.UU. Josh Earnest.
Posteriormente una corte de primera instancia consideró ilegal esta medida y aplicó una moratoria.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia (Washington) ha resuelto que no existen suficientes argumentos que validen el fallo del tribunal de primera instancia para interrumpir el programa de la NSA.
Para ello, un panel de tres jueces ha concluido que el caso es irrelevante y lo ha enviado de regreso a la corte federal de distrito Richard León para que prosiga con los procedimientos.
"Como puede razonablemente pensarse en base a la evidencia presentada, el Gobierno recolectaba los datos de los demandantes, pero también se puede concluir lo opuesto", ha afirmado la jueza Janice Rogers Brown para luego agregar que los demandantes "no reúnen las suficientes pruebas que se necesitan para una medida cautelar preliminar".
Todo eso ocurre pese a una serie de cambios en la llamada Ley por la Libertad que limita la recolección de datos de ciudadanos estadounidense por la NSA.
Al respecto, el vocero presidencial de EE.UU. Josh Earnest, ha afirmado que la sentencia de este viernes demuestra la constitucionalidad del hecho de la recogida de registros telefónicos.
"Creo que el fallo de la corte es consistente con lo que la Administración (del presidente) ha dicho durante algún tiempo y es que esas capacidades eran constitucionales", ha resaltado Earnest.
Desde el 6 de junio de 2013, fecha en que fue publicada la primera parte de los documentos del excontratista de la NSA Edward Snowden sobre el programa masivo de vigilancia de Estados Unidos, se han filtrado con frecuencia datos que confirman el escándalo del Gobierno de Washington, que no solo expió a sus propios ciudadanos, sino a los de otras naciones, e incluso a las autoridades gubernamentales de sus aliados.
