Con esa afirmación desmoronó el argumento del Ejecutivo porteño con el que se justificó de no haber inspeccionado el taller en el que murieron dos nenes en el mes de abril.
La muerte de Rolando y Rodrigo Mur Menchaca en el incendio del taller clandestino de Páez y Terrada aún busca respuestas. Políticas y judiciales.
En lo que tiene que ver con las primeras, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó su informe a pedido de los legisladores opositores que demandaban explicaciones de por qué ese taller no había sido alcanzado por las inspecciones a su cargo cuando existía la sospecha de que allí funcionaba un taller sin declarar.
La respuesta a los legisladores está basada en un supuesto acuerdo de trabajo entre los inspectores de la Ciudad y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Esto fue desmentido por Marcelo Colombo, titular del organismo judicial lo cual dejó al descubierto la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad en la falta de acciones de control y como consecuencia en la tragedia de Flores.
“Con anterioridad a la fecha (del incendio) no se realizaron inspecciones en dicho inmueble toda vez que el mismo estaba siendo investigado por la justicia, donde aparentemente se había realizado una denuncia que tramita mediante expediente N° 1464/14”, dice el informe presentado por el Poder Ejecutivo de CABA en relación a la casa de Páez 2796.
Además, se agrega que ante situaciones en las que existe una intervención de la Justicia, los inspectores que dependen de la Ciudad actúan como colaboradores y no deben interferir con la investigación que se está llevando adelante.
Según el informe que hicieron los legisladores porteños de Nuevo Encuentro “seis meses antes del incendio, en octubre de 2014 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) había enviado una consulta formal al Gobierno de la Ciudad, donde solicitaba información sobre si se habían realizado inspecciones en un listado de 24 inmuebles (entre los cuales estaba el de Páez 2796) dado que en ellos, según la misma nota, ‘podrían estar funcionando talleres textiles’. En su respuesta al pedido de informes de la Legislatura el GCBA asegura, en relación a esta nota de la PROTEX, que no fueron a inspeccionar el inmueble de Páez donde luego se verificó que funcionaba un taller clandestino porque la solicitud del organismo nacional era la de brindar información y no la de realizar una inspección”.
Además, el Gobierno porteño aseguró en su informe que "existe una metodología de trabajo conjunta acordada hace años atrás con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas donde esta realiza dos tipos de requerimientos ante la Dirección General de Protección del Trabajo:
1) Pedidos de informe (como en el caso del inmueble sito en Páez 2796); y
2) Pedidos de inspección, aplicando un protocolo acordado entre los dos organismos (...) Cuando el pedido se limita a un informe, y tratándose de una investigación sobre un supuesto delito federal, el cuerpo de inspectores a cargo de la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT) no realiza ninguna acción inspectiva hasta que le sea indicado expresamente por quien lleve la dirección de la causa”.
Sin embargo, Marcelo Colombo, titular de la Protex explicó a Infojus Noticias que “Esto no es así” y que “no podría serlo porque ellos tienen el deber de inspeccionar, tienen facultades propias, nosotros no podemos interferir en su trabajo”.
“Lo que sí podrían haber hecho, pero no lo hicieron en este caso ni nunca es una consulta previa a una inspección como para saber si con eso interfieren en alguna investigación en curso. Esto no lo hicieron”, concluyó Colombo.
El análisis de los legisladores de Nuevo Encuentro sostiene, en este sentido, que “las dudas manifiestas respecto de la existencia ‘aparente’ de una investigación judicial podrían haber sido saldadas por los responsables de las áreas de inspección del Gobierno de la Ciudad con solo una consulta a la PROTEX; sin embargo, en ningún momento se comunicaron con dicha procuraduría para informarse que en ese entonces no existía ningún proceso en curso” y concluyen que “Esta omisión da cuenta o bien de una gravísima ineficiencia por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, o bien de que la suposición de que podía existir tal investigación constituye en realidad un pretexto elaborado a posteriori de los hechos por parte del gobierno del PRO para excusarse por no haber desempeñado las tareas de inspección que tienen bajo su responsabilidad”.
"El gobierno porteño asume por escrito su ineficiencia y complicidad"
En este marco el legislador porteño José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV) denunció que "el Gobierno de la Ciudad asume por escrito su absoluta ineficiencia y/o complicidad" en relación al incendio ocurrido en el taller de Páez que terminó con la los niños muertos.
“El macrismo argumenta que no inspeccionó el lugar pese a la advertencia porque su protocolo con la Protex no se lo permitía y porque 'aparentemente' había una causa judicial en curso. Sin embargo, esto es una falacia confirmada por el propio director de la Protex, Marcelo Colombo", dijo.
Por otro lado, Colombo en diálogo con esta agencia explicó que una vez ocurrido el incendio de Páez, hubo un cambio en las conductas del Gobierno de la Ciudad en relación a las inspecciones.
En el informe del Ejecutivo se dice que entre el 18 de mayo de 2015 y el 30 de junio inspeccionaron 805 inmuebles y afirman que durante este período realizaron 132 clausuras. “La cantidad de talleres textiles clausurados en estos operativos supera el número de clausuras realizadas sumando los años 2012/2013/2014”, dice el informe.
“Esto constituye una admisión de la profunda inacción en la que estaba sumida esta área hasta que el incendio del taller de la calle Páez y la consecuente muerte de dos chicos que vivían allí le dio estado público a la situación de los talleres clandestinos y los forzó a tomar cartas en el asunto”, concluyeron desde Nuevo Encuentro.
La causa judicial
Mientras, la causa judicial por averiguación del delito de trata de personas sigue avanzando en el Juzgado Federal 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. En el expediente se busca determinar cuál es la responsabilidad de Lee Sung Yop, empresario de nacionalidad coreana que dirigía la producción en ese taller.
Asesorado por los doctores Nahuel Berguier y Gabriela Carpinetti, Esteban Mur, padre de los nenes fallecidos, impulsa la querella. A través de su declaración y la de otros miembros de la familia que trabajaban en Páez, la justicia analiza las condiciones de explotación laboral y la precariedad y vulnerabilidad a la que esta familia era sometida para establecer si existió o no delito de trata.
*Por: Juan Carrá, Infojus Noticias
