En Entre Ríos un nuevo juicio de lesa humanidad entró en etapa de veredicto. La fiscalía federal y los abogados querellantes pidieron penas que van desde 25 años de prisión a cadena perpetua para los siete represores que están imputados en la causa Área Paraná.
Allí se juzgan desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad cometidos contra 52 personas durante la última dictadura en la capital entrerriana.
La presentación de los alegatos se hizo por escrito, ya que el juicio se sustancia bajo el viejo Código en los tribunales federales de la capital entrerriana y a partir de ahora el juez Leandro Ríos dispondrá de 20 días hábiles para el dictado de la sentencia.
En el pedido, fiscales y querellantes solicitaron prisión perpetua para el ex policía federal Cosme Demonte y para el ex militar de Ejército, Jorge Humberto Appiani. Las penas de 25 años de cárcel fueron pedidas para el ex médico de los Institutos Penales, Hugo Mario Moyano; para el ex director de la cárcel de Paraná, suboficial José Anselmo Appelhans; la ex directora de la cárcel de mujeres de la capital entrerriana, Rosa Susana Bidinost, y para los ex militares Alberto Rivas y Oscar Ramón Obaid.
La causa se desarrolla por escrito y sin audiencias públicas, según el viejo código penal, con excepción de las testimoniales de 2014 que fueron públicas por decisión el juez Ríos, luego de un pedido de familiares y víctimas de la represión.
En la causa Área Paraná se investigan delitos contra 52 víctimas y las desapariciones de Pedro Sobko, Victorio Erbetta, Claudio Fink, Carlos Fernández, y Juan Alberto Osuna.
El ex policía federal Cosme Demonte está acusado de asesinar en la vía pública a Sobko, y el abogado y ex militar Jorge Appiani de hacer firmar a los presos políticos las declaraciones incriminatorias arrancadas bajo tortura en los centros de detención.
Al médico Moyano se lo acusa de controlar el estado de las víctimas durante las sesiones de tortura; y a Appelhans, Bidinost, Rivas y Obaid de aplicar toda clase de tormentos a los detenidos. La causa Área Paraná se inició con la recuperación democrática y fue interrumpida con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 1987.
La anulación de esas normativas en 2003 permitió que se retomara la investigación, aunque sufrió permanente dilaciones por los reclamos presentados por los abogados defensores de los imputados, que han extendido el proceso por un lapso superior a los 10 años.
La Multisectorial de Derechos Humanos, víctimas, querellantes reclamaron reiteradamente a la justicia federal local el aceleramiento de la causa y que las audiencias se realicen de manera oral y pública y no por el viejo sistema, como venía ocurriendo.
La causa Área Paraná tuvo 21 imputados pero, por el paso del tiempo, la mayoría de ellos ya murieron o fueron apartados por demencia senil y otras enfermedades.
