A pesar de que Mauricio Macri le pidió la renuncia, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creará una nueva dependencia en el Ministerio Público Fiscal. Lejos de dejar su cargo y avalada por la ley, anunciará la creación de la Dirección General de Derechos Humanos.
La nueva dependencia del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de Andrea Pochak y articulará su trabajo con los fiscales, procuradurías especializadas y las unidades fiscales vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos. Participarán Estela de Carlotto, Mariela Belski, Amerigo Incalcaterra y Eugenio Raúl Zaffaroni.
La Dirección General de Derechos Humanos, creada a comienzo de noviembre, articulará su trabajo con las procuradurías de Crímenes contra la Humanidad, de Violencia Institucional (Procuvin) y de Trata y Explotación de Personas (Protex); la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM); la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado, y las direcciones generales de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, de Acceso a la Justicia y de Políticas de Género, entre otras.
La procuradora resaltó: “Es momento de instaurar una estructura institucional altamente especializada para potenciar las distintas políticas que en materia de derechos humanos se impulsaron -así como las que se sigan promoviendo- y para apoyar la labor de los magistrados y magistradas en todo lo concerniente al respeto y promoción de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los instrumentos internacionales suscriptos por el Estado argentino”.
Así, la nueva Dirección General deberá “sistematizar y mantener actualizada una base de datos, accesible para todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, sobre dictámenes de la Procuración General de la Nación y de otros/as magistrados/as en materia de derechos humanos especialmente relevantes, así como instrucciones generales y otras producciones jurídicas de procuradurías y unidades fiscales especializadas”.
Según la resolución, también deberá “coordinar con la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal actividades de discusión y sensibilización sobre el rol del Ministerio Público Fiscal en la protección de los derechos humanos; entablar lazos institucionales con los principales organismos nacionales, internacionales y con organizaciones de la sociedad civil especializados en materia de respeto y promoción de los derechos humanos, y asesorar a la procuradora general de la Nación en la adopción de políticas, estrategias y otras medidas”.
