A horas de la sesión especial en la Cámara de Diputados, el presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, confirmó que ya tienen “garantizado el quórum” para tatar la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, además de la autorización al Gobierno nacional para emitir deuda con el objetivo de cancelar lo que reclaman los fondos buitre.
Las presiones sobre los legisladores las inició ayer el propio presidente Mauricio Macri, al sentenciar que si el país no logra un acuerdo con los holdouts, a los argentinos les espera un escenario de “ajuste e hiperinflación”.
Pero el economista, investigador y docente de la UBA, Ernesto Mattos, aseguró que se trata de un falso dilema, ya que tras el acuerdo con los buitres “el plan B de Macri” es precisamente “profundizar el ajuste y llevarnos a una hiperinflación”.
El proceso comenzó apenas asumió en el gobierno, cuando –devaluación mediante- desplomó el sueldo promedio de 680 a 388 dólares.
“El objetivo del Presidente es que la Argentina ingrese a la Alianza del Pacífico y, para eso, necesita seguir pauperizando los salarios para hacerlos competitivos en relación a países como Chile, Perú y México, cuyos salarios promedian los 200 dólares”, explicó en diálogo con AgePeBA.
En cuanto al acuerdo con los buitres, el economista consideró que “Macri está urgido de que se cierre porque es parte de las promesas que le ha realizado a Estados Unidos y, por eso, quiere entregárselo a (Barack) Obama antes del 23 de marzo”, día en que el mandatario norteamericano arribará a Buenos Aires.
“El acuerdo preliminar marca una subordinación de la economía nacional a los intereses rentistas de Paul Singer y el juez neoyorquino Thomas Griesa”, remarcó Mattos.
Las condiciones para los buitres liderados por Singer no podrían ser más ventajosas: Macri les reconoce el 75 por ciento del total de la demanda por 5.891 millones de dólares sobre los bonos en default desde el 2001; un interés del 2 por ciento anual desde el 1 de marzo de este año hasta la última fecha de pago, definida el 14 de abril (322.795 dólares diarios); y 235 millones de dólares en concepto de reembolso por los gastos en los distintos juicios que se le hicieron a la Argentina.
“Nuestro país se está haciendo cargo de todo a un costo fiscal altísimo y cediendo soberanía nacional”, cuestionó Mattos y recordó que “el viernes pasado se anunció que existe la posibilidad de que surjan nuevas demandas”.
“El acuerdo debería evitar cualquier demanda futura, ya que la Argentina no puede arriesgarse a nuevos juicios con reservas que están en 23 mil millones de dólares, lo cual nos llevaría a seguir endeudándonos y caer directamente en el Fondo Monetario Internacional y en sus programas de ajuste”, alertó.
Para el economista, tampoco es factible que el acuerdo con los buitres facilite inversiones internacionales, cuando “no llegaron a pesar de todas las concesiones que se hicieron en favor de los sectores exportadores, de la especulación financiera y la libre movilidad de capitales”.
“En las primeras cuatro semanas del gobierno, el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, dijo que llegarían 25 mil millones de dólares, pero no llegó ni la tercera parte de eso. Lo que sí tenemos es una situación caracterizada por la devaluación, la baja del consumo y el desempleo”, concluyó.
*Por Fernando M. López, AgePeBA
