De aceptar, Lula obtendría los privilegios de los fueros y los procesos que lo involucran con el escándalo de corrupción en Petrobras pasarían al ámbito del Ministerio Público General (Fiscalía) y serían juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial del país.
Asesores de la Presidencia explicaron al respecto que hay más del 90 por ciento de posibilidades de que Lula asuma una cartera. El ingreso de Lula al gobierno "es una posibilidad real, concreta (...), pero se está llevando a cabo una evaluación de los pros y los contras", dijo a AFP una fuente del gobierno. Añadió que el exlíder sindical e ícono de la izquierda latinoamericana podría llegar a Brasilia "hoy o mañana", para discutir esa posibilidad.
El ingreso de Lula al gobierno "es una posibilidad real, concreta (...), pero se está llevando a cabo una evaluación de los pros y los contras", dijo a AFP una fuente del gobierno.
"Hay un deseo público de la bancada del PT y de varios líderes aliados de que Lula sea ministro, pero es una decisión que le corresponde tomar a él entre hoy y mañana. Si no está en Brasilia estará llegando en breve y tendremos una conclusión de este asunto", dijo José Guimaraes, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados.
Los rumores sobre esa posibilidad comenzaron hace unos días, pero ganaron fuerza a raíz de que la jueza Maria Priscilla Ernandes, del 4 Tribunal Penal de San Pablo, anunciara el martes su decisión de pasar la denuncia por lavado de dinero y falsedad ideológica y el pedido de prisión preventiva que pesan sobre el expresidente Lula al ámbito de la primera instancia de la Justicia Federal del Estado de Paraná.
En dicho ámbito, el proceso quedará en manos del juez federal Sérgio Moro, quien encabeza los procesos vinculados a la operación Lava Jato de la Policía Federal, que investiga la red ilegal que operó en Petrobras.
Una fuente del Palacio de Planalto dijo que la maniobra busca "apagar el incendio", alimentado por una protesta que el domingo pasado llevó a más de tres millones de brasileños a pedir en las calles la salida de la mandataria por las revelaciones de la trama de sobornos montada en Petrobras para financiar partidos políticos.
Lula da Silva (2003-2010) se ha convertido en el centro de las pesquisas por supuesto enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero, proveniente de las constructoras acusadas de sobrevalorar contratos con la estatal Petrobras. Por esta razón la Policía Federal lo detuvo el 4 de marzo para que declarase sobre el asunto, además de registrar su residencia, la sede de su instituto y las casas de familiares y allegados.
Desde entonces, además de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, varios mandatarios de la comunidad internacional —entre ellos, los presidentes de Bolivia, Venezuela y Ecuador, Evo Morales, Nicolás Maduro y Rafael Correa, respectivamente— han manifestado su solidaridad con Lula da Silva y han condenado la actuación policial.
