A tres meses de gobierno de Mauricio Macri en la Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, los casos de uso extremo de la fuerza por parte de efectivos del aparato represivo del Estado se han incrementado.
En menos de 100 días, el macrismo cosecha represiones en Cresta Roja, La Plata, en la Villa 1-11-14 contra una murga, en Atucha y en distintas dependencias estatales ante protestas por los constantes despidos en la órbita pública.
En ese marco, la emergencia en seguridad elaborada por Patricia Bulrrich y decretada por Mauricio Macri, más el protocolo anti manifestaciones ideado por la ministra y el presidente, abrieron una nueva era en la violencia institucional.
Julián Axat, ex defensor del pueblo y actual coordinador de la Dirección de Acceso a la Justicia (ATAJO), dialogó con esta agencia y dio cuenta de los aumentos en los casos de uso agravado de la fuerza. “Hay un exceso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en general, es algo estructural que viene de larga data”, sostuvo.
En ese sentido, aseveró que “a partir del 10 de diciembre comenzó otra etapa donde aparecen protocolos de intervención de las fuerzas de seguridad, donde aparecen operativos de seguridad que antes no existían, como los operativos de control urbano en los que las víctimas son las personas con trabajo informal”.
“Hay un objetivo por parte de las fuerzas de seguridad, empujado por los medios, que busca reprimir, criminalizar a la gente que vive en situación de vulnerabilidad, quienes son las víctimas de esos abusos de las fuerzas”, añadió.
“Existe una suerte de autorización de llegar más allá de donde se llegaba antes, las fuerzas de seguridad se sienten más seguras para actuar sin mayores controles porque tienen garantizados los protocolos de trabajo y relajados los controles internos”, consideró Axat.
Asimismo, manifestó que “la gendarmería se siente cómoda hasta reprimiendo a una murga y esto antes no ocurría; tal cual sucedió en La Plata con la Bonaerense, que siente que tiene más aval para actuar sobre el espacio público, como ocurrió con la represión en Cresta Roja, como inicio de unas represiones inéditas que no se veían desde hacía mucho”.
“Esos casos, como los que no se ven porque no son mediáticos pero que existen en las barriadas y las víctimas son los pibes, marcan un cambio de clima en el cual las fuerzas de seguridad son funcionales a un sistema económico que se está imponiendo”, subrayó.
“La violencia institucional es parte de un sistema económico que se busca imponer, y ese sistema económico es ortodoxo de acumulación financiera, basado en las recetas de las grandes empresas transnacionales, que son parte del gobierno”, apuntó el defensor de los DD.HH. En la misma línea, subrayó que “no es un problema de violencia institucional, sino una cuestión de política económica y social”, que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.
Por último, Axat manifestó la necesidad de avanzar en una agenda de seguridad democrática que no forma parte de la hoja de ruta del macrismo y aseguró que “realizar una reforma estructural de la fuerza y con control civil, con auditorías internas respectos del uso de la fuerza”, es una deuda de la democracia.
