“Hemos recibido la noticia del asesinato de Berta con muchísimo dolor, porque lamentablemente pensamos que el Estado hondureño pudo haberlo evitado”, sentencia días después de que varios hombres armados irrumpiesen en su casa y acabasen con la vida de la lideresa indígena que plantó cara a las multinacionales.
Desde que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligase a Honduras a protegerla, el amparo de la vida de Berta Cáceres corría a cargo del Estado. Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), insiste: el Gobierno era el responable de evitar esa muerte anunciada.
“Venía siendo víctima de amenazas constantes. La Corte Interamericana había señalado al Estado que debía protegerla. Conocía perfectamente los riesgos de su causa y los intereses económicos contra los que luchaba. Pero aún así, no tuvo las medidas necesarias para evitar su asesinato”, explica con rabia al otro lado del teléfono. “Sentimos mucha, mucha impotencia y dolor. Se pudo haber evitado”, reitera la abogada de CEJIL.
La secretaría de Seguridad de la Nación de Honduras declaró horas después del asesinato que la lideresa indígena había rechazado la orden de protección que tenía activada. También apuntó que en el momento de los hechos la activista se encontraba en un domicilio que no estaba registrado como suyo, por lo tanto, justificaban, no podía estar vigilado. La letrada lo niega. “No es cierto. Jamás. Teníamos acceso a toda la información y no existe ningún tipo de solicitud. Es cierto que las autoridades no podían sobrepasar la voluntad de ella, pero no había renunciado a ningún tipo de medidas”.
¿Qué falló? “Lo de siempre”, responde Marcia. La abogada menciona una sucesión de errores y responsabilidades estatales que derivaron en la falta de protección de Berta. Que acabaron en su asesinato, en el estallido de la ira de centenares de activistas por el medioambiente y los derechos humanos en todo el mundo.
“El Estado de Honduras tiene dos tipos de responsabilidades, por acción y por omisión”, describe Aguiluz. “Por omisión, por no haberle asegurado las medidas requeridas. Porque el día que mataron a Berta no había ningún policía con ella”, señala.
Pero también tiene responsabilidades por sus acciones, continúa. “Fue víctima directa de diferentes actores estatales: sufrió el hostigamiento de militares, la criminalización del Estado…”.
El acoso constante sufrido por la activista indígena y sus compañeros por luchar contra los megaproyectos de las transnacionales forma parte de esa falta de garantías. “No ha habido voluntad política para respetar su lucha ni para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Berta Cáceres fue criminalizada, sufrió órdenes de captura en su contra y tuvo que aguantar un lenguaje de las autoridades que buscaba estigmatizar. Para el Estado eran personas enemigas del desarrollo”.
“Si siempre hubiesen declarado de forma clara y expresa que tenían derecho de defender sus tierras y hubiesen puesto medidas para garantizarlo, el pueblo lenca lo podría haber hecho con seguridad”, añade. “Si hubiese sido escuchada, si se le hubiesen proporcionado los canales para continuar su actividad, la historia sería otra”.
Y, recuerda, Berta Cáceres es una más de los cientos de asesinatos que han tratado de frenar la batalla de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Según el informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación “¿Cuántos más?” señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenecía la lideresa.
“Lamentablemente ella no es la única, pero estamos trabajando para que sea la última”, recuerda Aguiluz. Para que sea la última es imprescindible hacer justicia, añade: “Adversan intereses muy poderosos. Grandes proyectos de desarrollo o grandes localidades con influencia política y económica en un país que no investiga dan lugar a que la mayoría de asesinatos queden impunes. El mensaje para los culpables es claro: no importa a quién mates, a quién investigues, va a quedar en la impunidad”.
Aumento de las amenazas semanas antes
Las amenazas se habían disparado semanas antes del día en el que todo acabó. “Un mes antes de su asesinato, Berta nos hizo saber que le habían advertido de que existían planes para matarla”, reconoce Marcia Aguiluz. La abogada asegura que recibieron varios avisos por parte de la lideresa. El atosigamiento de siempre había aumentado. “Todas y cada una de las amenazas o incidentes con personal de la hidroeléctrica fueron comunicados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de CEJIL, sostiene.
Desde el Centro Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), han descrito en su página web cada uno de esos encontronazos. Esas señales que le hacían pensar a la lideresa indígena que algo se estaba gestando para acabar con ella. Según han denunciado, sospechan que detrás del asesinato está la empresa DESA, la impulsora del Proyecto Hidroeléctrico en Agua Zarca contra el que luchó Berta hasta sus últimos días.
Durante la mañana del día 2 de marzo, el día del asesinato de Berta Cáceres, testigos vieron a sicarios de DESA en un coche hablando mal de Berta. Denunciamos que el 20 de febrero de 2016 durante la movilización del COPINH en contra de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Vice Alcalde de San Francisco de Ojuera, quien está colaborando con la empresa DESA en promover el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sentenció a muerte a la compañera Berta Cáceres.
El 16 de febrero, hombres armados persiguieron a Berta Cáceres y otros miembros del COPINH cuando iban saliendo de Río Blanco, persiguiéndoles en vehículo desde Plan de Encima hasta Zacapa.
Y el 25 de febrero, durante el desalojo por parte de la policía y ejército de familias lencas del COPINH en Jarcia, Guinse, Intibuca, un elemento de la DGIC hostigaba a Berta Cáceres y le dijo que ellos no respondían por ella si pasaba algo.
Berta recibió constantes amenazas a muerte por su lucha en defensa del pueblo Lenca, incluso en los días antes de su asesinato. Reiteramos la denuncia en el comunicado del COPINH el 20 de febrero, que DESA tiene contratados a reconocidos criminales como guardias paramilitares. Uno de ellos fue involucrado en el asesinato de Bernardo Pérez y al final de diciembre del 2015, fue detenido por portación ilegal de armas pero luego fue puesto en libertad después de ser abiertamente apoyado con dinero y diligencias por al jefe de seguridad de DESA- PH Agua Zarca Jorge Ávila.
El acoso se habían incrementado, pero vivía con ello. Luchaba con ello. “Ella nunca me dijo: ‘Tengo miedo’. Lo asumía y nunca fue un obstáculo para ella”, insiste Aguiluz. La vida de Berta Cáceres se tuvo que acomodar a esa situación de riesgo constante que la empujó a separarse de sus hijos, para protegerlos.
“Todos los defensores de derechos humanos sufren acoso por el sistema político y económico, pero cuando se le une la violencia de un sistema patriarcal tiene apreciaciones diferentes para la mujer. Sus hijos tienen más riesgos, y el hecho de ser la lideresa de su comunidad también tenía sus consecuencias”, apunta.
Por eso Berta insistía en que su lucha no solo era una. Eran tres en una: “Contra el sistema capitalista, racista y patriarcal”. A su vez, sus hijos han tomado esta lucha como suya. “No solo asesinaron a nuestra madre, asesinaron a la madre de todo un pueblo”, aseveran en un duro comunicado, en el que solicitan apoyo internacional para alzar la voz como lo hizo su madre: “Despertemos, despertemos humanidad”.
