"Uno de los mayores problemas es que las estadísticas son muy deficientes y no se llevan buenos registros, pero es responsabilidad del Estado saber cuántos niños, niñas y adolescentes hay privados de su libertad, en que establecimientos y en que condiciones", indico Mendez en dialogo con Télam.
En el marco del seminario sobre sistemas de supervisión y monitoreo de las condiciones de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes", que Unicef realiza entre este jueves y el viernes en el Buenos Aires Design, Méndez subrayó la necesidad de implementar "de forma urgente un sistema de monitoreo regular y sorpresivo en los lugares de detención de estas poblaciones".
Si bien no existen cifras oficiales, el funcionario de la ONU calcula que a nivel global el número de niños, niñas y adolescentes privados de su libertad por conflictos con la ley penal en el mundo debe rondar el millón.
"En América Latina todos los países suscribieron a la Convención de los Derechos del Niño, pero la adecuación interna de la ley se está demorando mucho y todavía existen altas tasas de encarcelamiento", señaló Méndez, argentino radicado en Washington luego de ser detenido y torturado por sus actividades de representación de presos políticos durante la última dictadura militar argentina.
"Desde mi punto de vista como relator para la tortura -continuó- la situación es preocupante porque cuanto más alta es la tasa de encarcelamiento, más es la incidencia de maltrato, tortura y aislamiento".
Precisamente, Méndez se refirió a la importancia de "encontrar las maneras más racionales, y por lo tanto más humanitarias, para combatir la criminalidad, que permitan rescatar y rehabilitar a niños, niñas y adolescentes".
"El problema es que la rehabilitación -continuó- que debería ser el objetivo, pasa a un segundo plano porque la opinión pública preocupada por la seguridad cae en la tentación de pedir mano dura; y eso significa ensañarse con los niños porque se los considera como los principales actores de la criminalidad violenta".
Sin embargo, según cifras de Unicef, en 2015 se registraron solo 817 niñas, niños y adolescentes privados de libertad (1305 si se suman los jóvenes de 18 a 21 años); 2915 bajo programas de supervisión y 122 en restricción de libertad.
"Lamentablemente estamos a merced de la opinión pública y de funcionarios politicos que ganan elecciones prometiendo mano dura, por eso las reformas se atrasan y se cae en la tentación de bajar la edad de imputabilidad", cargo Mendez.
"Mi experiencia como relator -remarcó- me dice que bajar la tasa de imputabilidad aumenta la tasa de encarcelamiento, y cuando aumenta la tasa de encarcelamiento, aumenta también la incidencia de maltrato y tortura".
