“La amenaza terrorista sigue siendo elevada y Francia representa un blanco”, expresó unos minutos antes el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.
El primer ministro Manuel Valls indicó el 20 de abril que el gobierno propondría una nueva prolongación por un período de dos meses, a partir del 26 de mayo, cuando debía llegar a su fin el plazo de extensión aprobado por el Parlamento en febrero pasado.
Valls atribuyó dicho plan en particular a la celebración de la Eurocopa de fútbol (del 10 de junio del 10 de julio) en este país y del Tour de Francia (del 2 al 24 de julio).
“El estado de emergencia no puede ser permanente, pero debemos garantizar plenamente la seguridad de los grandes acontecimientos”, expresó.
El Parlamento aprobó el 20 de noviembre de 2015 que el estado de emergencia fuese extendido hasta el 26 de febrero de 2016.
Posteriormente, el gobierno impulsó un proyecto en aras de obtener una nueva prolongación de tres meses con el argumento de que la amenaza terrorista se encuentra en un elevado nivel. El plan se concretó después de obtener el visto bueno de los legisladores para mantener dicha disposición hasta el 26 de mayo.
Sin embargo, tras la votación de este jueves, llegará hasta el 26 de julio.
Amparados en el estado de emergencia, las fuerzas del orden pueden poner bajo arresto domiciliario a todo aquel cuya conducta consideren que constituye una amenaza, lo cual permite incluir a individuos sospechosos por sus comportamientos o sus compañías, palabras o proyectos.
También contempla prohibir a la persona bajo dicho tipo de detención, entrar en contacto directo o indirecto con otras sospechosas de preparar actos que atenten contra el orden público.
Entretanto, la medida continúa provocando inquietud por las consecuencias que podría acarrear para las libertades de las personas, opinan especialistas.
Activistas y juristas denuncian la “estabilización de un régimen con consecuencias extremadamente duras para los derechos humanos”, que ahora apunta también al colectivo de los refugiados y a los manifestantes contrarios a la reforma laboral.
Entre el 14 de noviembre de 2015 y el 13 de mayo de 2016, la Policía llevó a cabo 3.579 registros administrativos, en los que se encontraron varios centenares de armas y 420 personas fueron detenidas, de las que finalmente tan sólo 31 resultaron “susceptibles de ser actos de terrorismo, la mayoría por apología del terrorismo”, según indicó la semana pasada en rueda de prensa el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.
Una de las medidas más contestadas por las asociaciones de derechos humanos fue el arresto domiciliario impuesto a cerca de 400 personas por las llamadas ‘notas blancas’, alertas por sospechas de los servicios secretos que no se refieren sin embargo a hechos concretos ni muestran pruebas.
