El proyecto fue presentado por el diputado Juan Guaidó, por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien aseguró que su partido (opositor) ha adoptado tal medida porque busca “exigir los derechos de todos los venezolanos”.
Según el proyecto, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, debe prever la fecha de la realización tanto del referéndum como de las elecciones regionales y municipales en el año en curso.
De igual manera, insta a Lucena a dar respuesta a la solicitud del referendo y a propiciar condiciones favorables para la participación ciudadana en dicho proceso.
Además de lo exigido al ente electoral, el proyecto exhorta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a Lucena a no obstaculizar el referendo, y por tanto, insta al Ministerio Público a intentar acciones penales, administrativas o disciplinarias contra la presidenta del CNE.
Lo aprobado, por otro lado, insta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a tomar las medidas correspondientes para exigir al CNE que garantice el referendo.
La oposición venezolana busca realizar un referendo contra Maduro para sacarlo del poder, algo que ha pretendido desde que se hizo con el control del Parlamento, hace ya meses. Es más, la OEA y España, entre otros países acusados de apoyar a los opositores venezolanos, buscan la misma cosa.
Sin embargo, estas acciones injerencistas de la comunidad internacional han suscitado en reiteradas ocasiones críticas, tanto a nivel nacional como desde otros países.
