El TOF n°1 de San Martín los consideró responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, y dispuso el decomiso de distintos bienes de los imputados. Las víctimas, entre las que se encontraban menores de edad, eran trasladadas desde Bolivia bajo engaño y, una vez en el país, sometidas a jornadas laborales de hasta 17 horas sin recibir salario alguno y bajo encierro, sufrían maltratos físicos y psicológicos, al tiempo que les retenían la documentación personal. Colaboró la Protex.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°1 de San Martín condenó a diez años de prisión a una pareja de ciudadanos bolivianos, al considerarlos responsables de la captación –mediante engaño-, traslado y explotación laboral de siete inmigrantes en un taller clandestino ubicado en el partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
El fallo, que dispuso además el decomiso de un inmueble y un vehículo propiedad de los acusados, coincide con el pedido efectuado por la Fiscalía General a cargo de Marcelo García Berro. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) colaboró durante el juicio.
El caso
La investigación comenzó el 12 de junio de 2014, fecha en que una de las víctimas logró escapar y pedir auxilio al Comando de Prevención Comunitaria que se encontraba recorriendo la jurisdicción. Una vez recibida la denuncia formal en sede policial, la UFI n°5 de Morón ordenó el allanamiento del predio ubicado en la calla La Pialada n°3822 de Ituzaingó, donde fueron identificados los propietarios Juan Carlos Vázquez y Julieta Alvarado Cabrera.
Durante el procedimiento se constató la presencia de seis personas de nacionalidad boliviana (dos de ellas menores de edad), a quienes los imputados habían intentado ocultar en un altillo y un vehículo. También se secuestraron $106.700 y U$S 454, se detectaron 15 máquinas de coser, además de distintos insumos para llevar a cabo esa actividad (grupo electrógeno, telas de distintos colores, cierres, moldes de cartón para medias, entre otros elementos) y prendas ya confeccionadas.
El relato coincidente de las víctimas ante el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación permitió trazar un cuadro preciso de las condiciones de “esclavitud” a la que eran sometidas.
En este sentido, describieron que debían cumplir jornadas laborales que se extendían desde las 8 horas hasta las 23 horas sin días de descanso; tenían prohibido salir a la calle bajo amenazas de ser denunciados ante las autoridades locales por su condición de inmigrantes ilegales; los propietarios infligían todo tipo de maltrato físico y psicológico; les retenían su documentación personal; y no recibían retribución económica alguna.
El juicio
El debate oral se desarrolló a través de cuatro audiencias. Durante el alegato, la Fiscalía General consideró acreditado que los dos imputados, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y mediante falsas promesas captaron, recibieron, acogieron, retuvieron y explotaron laboralmente a las siete víctimas (cinco de ellas eran menores de edad al momento de la captación) en el taller textil clandestino ubicado en La Pialada 3822 de Villa Udaondo, partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Según se pudo demostrar, los propios imputados captaban a las víctimas en la ciudad de Oruro (de donde eran oriundos), en la República Plurinacional de Bolivia, donde les prometían un trabajo digno y bien remunerado en Buenos Aires. En la mayoría de los casos, también facilitaban el ingreso ilegal de las mismas a través del paso fronterizo Villazón – La Quiaca. Posteriormente, los recibían en la estación de micros del barrio de Liniers, y de allí los trasladaban hasta el mencionado taller clandestino. Se logró constatar además que en ningún momento los imputados realizaron trámite o presentación alguna ante los organismos de control para regularizar la situación de las víctimas.
Durante el alegato de la Fiscalía se citaron varios de los fallos en relación al delito de trata de personas dictados por la Cámara Nacional de Casación Penal que fueron compilados y difundidos recientemente por la Protex, resultando la reseña una herramienta útil para la labor de la Fiscalía de juicio.
La procuraduría especializada a cargo del fiscal Marcelo Colombo aportó además opinión respecto a los indicadores que demostraban en el caso la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas, así como también información de fallos que fueron citados acerca de la distinción entre falta laboral, y abuso y explotación.
Así las cosas, el TOF n°1 condenó a los dos acusados por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, cuádruplemente agravada, por haber mediado engaño, fraude, violencia y amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad; por el número de víctimas; por consumarse la explotación; y por haber resultado cinco de las víctimas menores de edad al momento de ser captadas.
Todo ello en concurso ideal con el delito de tráfico ilegal de personas, también en forma ideal con el de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio argentino con el fin de obtener un beneficio, agravadas ambas figuras por haberse cometido con violencia, engaño, abuso de necesidad e inexperiencia de las víctimas, por haberse hecho de ello una actividad habitual y por la minoridad de algunas de las víctimas.
El Tribunal fijó para el próximo 30 de mayo la lectura de los fundamentos del fallo.
